Durante los días 24 y 25 de abril, tuvieron lugar frente a la sede del PSOE (calle Ferraz) concentraciones de simpatizantes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras éste decidía si seguir o no en la Moncloa cuando ya era conocedor de que a su mujer estaba siendo investigada por presunta corrupción. Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Madrid a través del portal de Transparencia, no se recibió comunicación previa de estas concentraciones, lo que las convierte en reuniones ilegales.
Entonces, y a pesar de la falta de autorización —ya que las concentraciones ni habían sido notificadas—, alrededor de cien personas se reunieron en apoyo a Pedro Sánchez para pedir que no abandonase su cargo frente al riesgo de que «llegase la ultraderecha». Sorprendentemente, a diferencia de las primeras protestas protagonizadas por patriotas contra la ley de amnistía, esta vez la Policía no puso ningún impedimento ni cargó contra los allí presentes.
Y es que resulta chocante comparar aquella manifestación con el conocido como Noviembre Nacional instigado por la oposición, que se saldó con más de cien detenciones y más de mil identificaciones. De manera similar, en una protesta contra el Partido Popular frente a su sede en la calle Génova, las fuerzas de seguridad permitieron la concentración de los partidarios de Pedro Sánchez sin ninguna repercusión legal, a pesar de no haber sido comunicada previamente.
Estas acciones evidencian, según algunos abogados, un uso partidista de la Policía Nacional por parte de la Delegación del Gobierno del PSOE. Acusan a las autoridades de aplicar medidas represivas como multas, detenciones y el uso de la fuerza contra manifestantes opositores, mientras que se toleran y facilitan concentraciones ilegales en apoyo al presidente del Gobierno.
«Hace mucho tiempo que el PSOE ha hecho de la Policía una empresa de seguridad privada y esto
es una realidad que se demuestra con este agravio comparativo que habría que rectificar en el
futuro depurando una cúpula policial cuyo único mérito es ser militantes con carnet del PSOE», denuncian expertos en Derecho a LA GACETA.
