Mientras media Europa da marcha atrás y apuesta de nuevo por la energía nuclear, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa con su plan de cerrar las centrales españolas. La primera en caer será la de Almaraz, cuyo reactor número uno deberá desconectarse en 2027. Así lo pactaron en 2019, cuando el Ejecutivo firmó con las eléctricas un calendario de desnuclearización que culminaría en 2035.
Pero seis años después, todo ha cambiado. La crisis energética, la volatilidad del mercado y la dependencia del gas extranjero han devuelto la energía nuclear al centro del debate. Municipios, expertos y ahora incluso las propias compañías propietarias de la central —Iberdrola, Endesa y Naturgy— reclaman frenar el cierre de Almaraz.
Iberdrola, con el 53% de la participación en la central, debería liderar el proceso para revertir el cierre. El Ministerio de Transición Ecológica, en manos de Sara Aagesen, repite que «no ha recibido propuesta formal». Mientras tanto, la compra de uranio, la contratación del personal cualificado y las licencias necesarias siguen sin tramitarse. Todo tiene plazos, y todos están a punto de expirar.
El Estado, eso sí, ya ha movido ficha para encarecer aún más la viabilidad de las nucleares. En diciembre de 2023 actualizó el Plan General de Residuos Radiactivos, inflando los costes fiscales que deberán asumir las compañías. Además, se niega a asumir ningún gasto en la gestión de los residuos, en un claro intento de desincentivar su continuidad. Una presión económica y regulatoria que, según las propias eléctricas, ha incrementado su carga fiscal un 70% en los últimos cinco años.
Y mientras Moncloa pone trabas, Extremadura no se queda atrás. La Junta aplica ecotasas a la instalación que también han sido señaladas como un lastre para la continuidad de la central.
La razón técnica, empresarial y energética, contra el cierre
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha denunciado en declaraciones a El independiente que España no puede permitirse el lujo de cerrar sus nucleares. Lo considera un error que dispararía los precios de la energía y comprometería la estabilidad del sistema. El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, también ha pedido esta semana abrir un debate «claro y transparente» para evitar decisiones irreversibles.
El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, también ha exigido replanificar el papel de la nuclear y extender la vida de Almaraz al menos hasta 2030. Y desde Endesa, su presidente José Bogas ha advertido de que cerrar las centrales es un error que puede tener graves consecuencias económicas y estratégicas.
Pero nada de eso parece importarle al Gobierno. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se escuda en el acuerdo de 2019 para desentenderse del debate.
