Europa atraviesa uno de sus mayores periodos de incertidumbre en el que garantizar la autonomía y soberanía energética se ha convertido en una prioridad. La Comisión Europea ha anunciado un plan para financiar el rearme del continente, lo que pone de manifiesto la necesidad de una Europa unida y autónoma. En este contexto, la independencia energética se considera un elemento fundamental para la estabilidad y seguridad del continente.
Desde 2022, con la invasión rusa de Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas, ha quedado en evidencia la vulnerabilidad de la Unión Europea (UE) ante la dependencia de energías externas. Este problema afecta a distintos países y también a regiones específicas dentro de los Estados miembros. En España, la central nuclear de Almaraz, ubicada en la comarca extremeña de Campo Arañuelo, genera el 7% de la energía producida en el país. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido su cierre para 2028 como parte de un plan de desmantelamiento progresivo de la energía nuclear, que culminará en 2035.
El cierre de Almaraz no sólo supone una reducción de la capacidad energética de España, sino que también afectará al empleo en la región. Se estima que la planta proporciona más de 3.000 empleos directos e indirectos, por lo que su clausura agravará el despoblamiento y envejecimiento de Extremadura, una comunidad donde se proyecta que en 2037 el 30% de la población tendrá más de 65 años.
Diversos actores han manifestado su oposición a esta medida. La plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro ha logrado movilizar a ciudadanos y organizaciones tanto en Extremadura como en el resto del país. La iniciativa busca evitar el cierre de la planta, destacando su papel en el suministro energético nacional y europeo. En los próximos días, una delegación de la plataforma tiene previsto viajar a Bruselas para reunirse con representantes de la Comisión y del Parlamento Europeo con el fin de trasladar la preocupación sobre el impacto del cierre.
El futuro económico de Extremadura también se encuentra en el centro del debate. Se ha prometido la llegada de nuevas industrias para reemplazar a la central de Almaraz como motor económico de la región. Sin embargo, expertos en inversión están alertando de que ninguna empresa apostaría por una zona sin garantía de suministro energético estable. En la actualidad, el PIB per cápita de la región es inferior al 75% de la media de la UE, lo que la convierte en beneficiaria de fondos de cohesión destinados a reducir desigualdades regionales. El cierre de Almaraz puede incrementar esta brecha económica.
La energía nuclear se ha defendido como una solución viable dentro del mix energético europeo debido a su bajo coste, estabilidad y ausencia de emisiones de CO2. Aunque el desarrollo de energías renovables ha avanzado, su carácter intermitente sigue generando dudas sobre su capacidad para sustituir completamente a la energía nuclear a corto plazo. Informes recientes, como los publicados por el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi y el ex primer ministro italiano Enrico Letta, han advertido de que sin un suministro estable y a precios competitivos, las industrias europeas, incluidas las del sector de Defensa, podrían verse en desventaja en el mercado internacional.
Además, en Europa, la tendencia es la opuesta. Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Alemania y Bélgica han tomado medidas para fortalecer su sector nuclear. Un caso significativo es el de Bélgica, donde la Comisión Europea ha autorizado ayudas estatales para mantener operativas sus plantas nucleares. Esto demuestra que la política nuclear no es sólo un asunto nacional, sino que Bruselas desempeña un papel clave en la supervisión y apoyo de las decisiones energéticas de los Estados miembros.
En el caso de Almaraz, las empresas propietarias no han solicitado subsidios ni ayudas, sino una reducción de la carga fiscal que afrontan, que es significativamente superior a la de otros países. La central, en funcionamiento desde 1981, ha superado con éxito todas las inspecciones técnicas y cuenta con la mejor calificación en pruebas de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). Según informes técnicos, la planta está preparada para operar al menos hasta los 60 años de vida útil.
Ante esta situación, se ha instado al Gobierno de España a revaluar su estrategia y entablar negociaciones con las empresas propietarias de Almaraz para revertir un cierre programado en un contexto económico y geopolítico que ha cambiado sustancialmente desde su planificación inicial. La continuidad de la planta puede garantizar la estabilidad energética del país y evitar el impacto económico y social que supondría su desmantelamiento.
