«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Verán incrementada su pensión en un 10% si trabajan entre un 40% y un 60% de una jornada

Las ineficaces políticas migratorias del bipartidismo ocasionan la «jubilación reversible»: más de 3,9 millones de inmigrantes viven en España sin trabajar

Ancianos españoles junto a inmigrantes ilegales. Redes sociales

Las mentiras del bipartidismo, que lleva décadas amparándose en la necesidad de acoger a inmigrantes de forma masiva para sostener el sistema de pensiones, empiezan a caer por su propio peso. Ahora, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado la puesta en marcha de lo que denominan «jubilación reversible», un mecanismo con el que se busca que personas ya retiradas vuelvan al mercado laboral para mantener en pie el frágil sistema de prestaciones.

La iniciativa, que el Gobierno quiere activar lo antes posible, se presentó tras varias reuniones mantenidas con la patronal y los principales sindicatos. Según el borrador filtrado, la reincorporación siempre será voluntaria y exigirá que hayan pasado al menos seis meses desde la jubilación. Además, se modifican los requisitos de jornada: el mínimo se eleva del 25% al 40%, con un máximo del 80%. A cambio, quienes se acojan verán incrementada su pensión en un 10% si trabajan entre un 40% y un 60% de una jornada completa, y en un 20% si lo hacen entre un 60% y un 80%.

El Gobierno defiende que con esta fórmula se permitirá a los pensionistas complementar sus ingresos y, a la vez, ampliar la base de cotizantes. Sin embargo, la medida evidencia una realidad incómoda: los millones de inmigrantes que llegaron bajo la promesa de garantizar el futuro del sistema apenas están aportando lo esperado.

Los datos de la Seguridad Social a 31 de octubre son claros. En España cotizan 21.096.315 personas, de las cuales 18.265.242 son nacionales y 2.832.073 extranjeros. Pero el INE estima que en el país residen 6.735.487 inmigrantes, lo que deja a más de 3,9 millones de ellos fuera del mercado laboral. Es decir, cerca del 58% no trabaja ni cotiza.

Parte de este colectivo son menores, alrededor de 1,06 millones, aunque eso no cambia la magnitud del problema: casi tres millones de inmigrantes en edad de trabajar permanecen al margen del sistema. Mientras tanto, el Estado destina cuantiosos recursos a mantener a menas en centros financiados con dinero público o a sufragar programas de ONG subvencionadas, en lugar de generar empleo real para quienes llegaron.

En este contexto, la supuesta «solución» de reenganchar a jubilados al mercado laboral no hace sino confirmar que las promesas del bipartidismo sobre la inmigración como sostén del sistema de pensiones han sido, en gran medida, un engaño.

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