Las Islas Canarias se han convertido en los últimos años en la principal puerta de entrada de la inmigración ilegal a España, con más de 40.000 llegadas en 2023 y 2024, según datos de Frontex y el Ministerio del Interior.
Frente a esta crisis, el Gobierno de Canarias (conformado ahora por Coalición Canaria y el PP) y los cabildos insulares han destinado una cifra que impresiona por su magnitud: más de 9,6 millones de euros en subvenciones a organizaciones no gubernamentales (ONG) entre 2021 y 2025 para la gestión de este fenómeno. Sin embargo, un análisis riguroso de estas partidas pone en cuestión la eficiencia y finalidad de estas ayudas, que parecen alimentar un modelo que convierte la filantropía en un negocio y perpetúa el efecto llamada.
Los datos oficiales reflejan un incremento vertiginoso en las partidas públicas destinadas a ONG para atender a inmigrantes ilegales. Según la documentación consultada, el Gobierno de Canarias ha liderado este esfuerzo con un desembolso que pasó de 104.706 euros en 2021 a 4,8 millones de euros en 2024, un aumento de casi el 4.600%. Para 2025, ya se han comprometido 945.000 euros, consolidando una tendencia al alza. Los cabildos insulares no se quedan atrás, con aportaciones significativas que suman millones al total.
El Cabildo de Tenerife entre 2021 y 2024 destinó 1.196.881,15 euros, con un pico de 490.003 euros en 2022 para proyectos relacionados con la acogida y regularización de inmigrantes. El Cabildo de Gran Canaria aportó 356.532 euros entre 2022 y 2024, incluyendo partidas específicas para colectivos reducidos, como mujeres de Malí o Gambia. El Cabildo de Lanzarote, 295.324,80 euros entre 2021 y 2023. Sus subvenciones se triplicaron en dos años. El Cabildo de Fuerteventura contribuyó con 238.333,34 euros entre 2021 y 2025, incluyendo 56.666,67 euros anuales en 2024 y 2025 para asesoramiento a inmigrantes, mayoritariamente provenientes del Magreb.
En total, las instituciones canarias han canalizado 9,6 millones de euros en apenas cuatro años, una cifra que invita a cuestionar si estas partidas están realmente orientadas a resolver la crisis migratoria o si, por el contrario, incentivan un sistema que beneficia a ciertas organizaciones mientras perpetúa el problema.
Casos que despiertan interrogantes
Algunos ejemplos específicos de estas subvenciones resultan especialmente llamativos por su desproporción. En 2024, el Cabildo de Gran Canaria otorgó a Cruz Roja Española 25.000 euros para atender a mujeres refugiadas de Malí. Según un informe de la Guardia Civil consultado por LA GACETA, las mujeres procedentes de este país apenas representan un 8% del total de inmigrantes ilegales llegados a Canarias.
Más sorprendente aún es el caso de las mujeres gambianas. En 2024, Cruz Roja recibió 75.000 euros del mismo cabildo para la «atención integral» de este colectivo. Sin embargo, fuentes de ACNUR y la Guardia Civil confirman que menos de 100 mujeres procedentes de Gambia llegaron a Canarias ese año. Esto implica un coste aproximado de 750 euros por persona sólo por asesoramiento, una cantidad que pone en tela de juicio la eficiencia de estas partidas y su alineación con las necesidades reales. Por su parte, el Cabildo de Fuerteventura concedió en 2024 más de 56.000 euros a la ONG Entre Mares para asesorar a inmigrantes, de los cuales más del 80% provienen del Magreb, según datos de la Guardia Civil.
Subvenciones opacas y fines difusos
El Cabildo de Tenerife ofrece otro ejemplo preocupante. En 2023, distribuyó 125.000 euros entre diez organizaciones (12.500 euros por cada una) bajo el concepto de «fomento de la interculturalidad e inclusión social de personas migrantes». En 2022, destinó 300.000 euros a tres ONG para proyectos de «lucha contra el racismo» y «acompañamiento en el empadronamiento y trámites de regularización administrativa». Sin embargo, en ambos casos, se desconoce cuántos migrantes fueron efectivamente atendidos, lo que genera dudas sobre la transparencia y el impacto real de estas iniciativas.
Esta opacidad refuerza la percepción de que las subvenciones, lejos de abordar la raíz del problema, facilitan un sistema que permite a los inmigrantes ilegales permanecer indefinidamente en España y alcanzar el territorio peninsular con rapidez. Este modelo, lejos de desincentivar las llegadas, alimenta el efecto llamada, como demuestran las cifras récord de pateras en los últimos años.
La magnitud de estas subvenciones, combinada con la falta de claridad sobre su impacto, apunta a lo que desde LA GACETA hemos denominado como una trama de trata institucionalizada. Las ONG, bajo el paraguas de la filantropía, gestionan plazas de acogida y servicios de asesoramiento que, en muchos casos, parecen más orientados a perpetuar su propia actividad que a ofrecer soluciones estructurales. Cada plaza de acogida, cada trámite administrativo, se convierte en una oportunidad de negocio financiada con fondos públicos, mientras las fronteras canarias siguen desbordadas.
