La puesta en marcha del proceso de «regularización» masiva impulsado por el Gobierno ha abierto la puerta a un nuevo negocio ilegal que ya se extiende por toda España. La obtención de una cita, un trámite que debería ser gratuito, se ha convertido en un bien escaso que se vende en el mercado negro por cantidades que alcanzan hasta los 600 euros.
Fuentes policiales y del entorno administrativo han detectado un incremento del acaparamiento de citas y su posterior reventa en paralelo al despliegue de una medida que afecta a más de medio millón de personas. El fenómeno se repite con un mismo patrón en distintas provincias: dificultad para acceder al sistema oficial y aparición de intermediarios que garantizan turnos a cambio de dinero.
En zonas especialmente tensionadas como Huelva, la presión ha aumentado en las últimas semanas. La decisión de trasladar parte del proceso a oficinas como Correos, tras apartar a Extranjería de la recepción directa de solicitudes, ha multiplicado los puntos de acceso, pero también la demanda. El resultado ha sido inmediato: citas que desaparecen en segundos y un sistema que vuelve a quedar expuesto a prácticas fraudulentas.
El mecanismo no es nuevo. Tal y como ya ocurrió en anteriores procesos administrativos, las mafias utilizan programas automatizados para capturar citas en masa en cuanto se habilitan nuevas fechas. Estas herramientas permiten sortear los límites técnicos de la plataforma y concentrar cientos de turnos en manos de un mismo operador, llegando incluso a colapsar el sistema.
Una vez acaparadas, las citas se revenden. El contacto se realiza a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o locutorios. El mensaje es siempre el mismo: «cita garantizada». El precio varía en función de la urgencia, la provincia y el tipo de trámite.
Las cantidades detectadas oscilan entre los 50 y los 600 euros, aunque en algunos territorios ya se han registrado cifras aún más elevadas. En los casos más caros, el servicio incluye todo el proceso: desde la obtención de la cita hasta la gestión de formularios. En otros, se limita a la cesión del turno.
Los pagos se realizan mediante transferencias internacionales o plataformas digitales, lo que dificulta el rastreo. En algunos casos, las citas son modificadas tras la venta para adaptarlas al comprador, complicando todavía más la identificación del fraude.
Además, las mafias han ampliado el negocio ofreciendo servicios paralelos como empadronamientos o documentación necesaria para completar los expedientes. Un entramado que demuestra que no se trata de casos aislados, sino de una estructura organizada que aprovecha el colapso administrativo.
A esta situación se suma la falta de medios. En Cádiz, sindicatos policiales han advertido de que las plantillas de la Policía Nacional no tienen capacidad para asumir el volumen de expedientes previsto. El proceso concentra en poco tiempo cientos de miles de solicitudes, lo que amenaza con provocar retrasos masivos.
El problema no se limita a Andalucía. En otras regiones, como Castilla y León, ya se han detectado citas ofertadas por hasta 700 euros. La situación confirma que el fenómeno se ha extendido por todo el territorio nacional.
Las fuentes policiales reconocen que estas prácticas son conocidas desde hace años, pero se intensifican en momentos de alta demanda como el actual. La persecución resulta compleja: la reventa de citas no siempre encaja claramente en un delito, especialmente cuando se presenta como un supuesto servicio de gestoría.
A ello se suma el silencio de muchos afectados, que no denuncian tras pagar y completar el trámite. Un factor que facilita la impunidad de quienes controlan este negocio.
El arranque de la fase presencial ha activado más de 400 puntos de atención en toda España, con más de 370 oficinas de Correos, más de 60 de la Seguridad Social y cinco oficinas de Extranjería en ciudades como Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.
Desde el Ministerio de Inclusión se insiste en que no se atenderá sin cita previa. Sin embargo, la realidad sobre el terreno refleja un sistema desbordado, donde el acceso a un trámite gratuito depende, en muchos casos, de pagar a intermediarios.
Un escenario que evidencia, una vez más, cómo la falta de previsión y recursos acaba alimentando redes ilegales que hacen negocio con la necesidad.
