La investigación de la Audiencia Nacional sobre las denominadas cloacas del PSOE deja una conclusión llamativa: pese a los presuntos esfuerzos desplegados para interferir en distintas causas judiciales, ninguna de las investigaciones que afectaban al Gobierno, al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez fue detenida.
El auto del juez Santiago Pedraz sostiene que la trama encabezada por la exmilitante socialista Leire Díez realizó gestiones para obtener información sensible, desacreditar investigaciones y actuar contra jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin embargo, las causas que pretendían neutralizar continuaron avanzando en los tribunales.
Uno de los episodios que recoge la resolución judicial se produjo tras la apertura de diligencias contra Begoña Gómez. Según la investigación, la trama comenzó a movilizarse apenas una hora después de que Pedro Sánchez publicara su conocida «Carta a la Ciudadanía«, en la que anunció un periodo de reflexión por las investigaciones que afectaban a su esposa.
Días después, Santos Cerdán convocó una reunión en la sede federal del PSOE. Según el auto, Leire Díez trasladó al entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández, que debía desplazarse de urgencia a Madrid porque disponían de información que podía «ayudar al presidente».
La resolución también recoge una reunión entre Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el fiscal Ignacio Stampa. Durante ese encuentro, según la investigación, se comentó que el presidente había dado la orden de «limpiar». Pese a ello, la causa siguió adelante. Actualmente, Begoña Gómez permanece imputada por cuatro presuntos delitos y el procedimiento continúa su curso judicial.
La actuación de la trama no se limitó a este asunto. El juez sostiene que también intentó obstaculizar la investigación dirigida por la juez Beatriz Biedma sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según el auto, se promovieron denuncias que considera infundadas contra la magistrada mientras instruía la causa por la presunta adjudicación irregular de una plaza en la Diputación de Badajoz.
La investigación menciona igualmente actuaciones relacionadas con la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE de Andalucía. Según declaró la propia magistrada, contrató durante varios meses a Leire Díez después de que ésta le asegurara disponer de información relevante sobre el excomisario José Manuel Villarejo.
Las diligencias revelan además movimientos para coordinar la estrategia jurídica del PSOE tras la salida de prisión del empresario Víctor de Aldama en noviembre de 2024. La preocupación dentro del entorno socialista aumentó después de que Aldama anunciara su intención de colaborar con la Justicia en las distintas causas en las que estaba siendo investigado.
Sin embargo, el balance que deja la investigación resulta evidente. Ni la causa contra Begoña Gómez fue archivada, ni la investigación sobre David Sánchez quedó paralizada, ni las pesquisas relacionadas con el caso Hidrocarburos, la trama de las mascarillas, los presuntos amaños de obra pública, el rescate de Plus Ultra o la actuación de la SEPI fueron desactivadas.
Lejos de desaparecer, los procedimientos que la trama investigada pretendía controlar o desacreditar continúan avanzando en los tribunales y mantienen al Gobierno, al PSOE y al entorno más próximo de Pedro Sánchez bajo una creciente presión judicial.