“ETA podría prescindir de sus mediadores profesionales ya que, al parecer, es el Gobierno de Urkullu el que ha asumido sus tareas”, denuncia el colectivo presidido por Consuelo Ordóñez.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha acusado al Gobierno vasco de “trabajar a favor de los intereses de ETA”. El pronunciamiento del Colectivo responde a la presentación este martes del “Informe de seguimiento correspondiente a 2017″ del Plan de Paz y Derechos Humanos 2017-2020.
Covite ha criticado que el Ejecutivo de Íñigo Urkullu haya incluido entre sus objetivos para el próximo año el de erigirse como mediador entre los Gobiernos español y francés para lograr una política penitencia favorable a terroristas de ETA que se niegan a desmarcarse de su pasado para obtener beneficios como el traslado de prisiones.
Además, el colectivo presidido por Consuelo Ordóñez ha cargado duramente contra el anuncio de la puesta en marcha de un plan de reinserción específico para los etarras presos. “A los terroristas orgullosos de su pasado no se les aplica planes de reinserción, sino políticas de desradicalización que hasta ahora brillan por su ausencia en el País Vasco”, han advertido.
Las víctimas han hecho hincapié en la “indignidad manifiesta” del Gobierno vasco tras reconocer en el mencionado informe su “participación activa” en el “desarrollo del proceso de apoyo a la verificación y confirmación del desarme”, que considera de carácter “legal, definitivo e irreversible”.
Para Covite, con vistas a lo afirmado en el documento, “ETA podría prescindir de sus mediadores profesionales ya que, al parecer, es el Gobierno de Urkullu el que ha asumido sus tareas”.
Desde el colectivo se preguntan “desde cuándo un desarme de una organización terrorista puede considerarse legal” y recuerdan al Gobierno vasco las declaraciones realizadas este lunes por el comandante de la Subdirección Antiterrorista de la Policía francesa (SDAT), Laurent Hury, que afirmó que ETA no ha entregado todas sus armas y advirtió de que sigue existiendo.
“El Gobierno vasco está empeñado en cerrar de un plumazo el capítulo de ETA aunque la realidad y el antiterrorismo francés digan lo contrario”, apuntan.
Por otro lado, las víctimas acusan al Gobierno vasco de “mentir de forma reiterada” en torno a los supuestos cambios en política penitenciaria impulsados por Francia. “Le guste o no a Urkullu y a Jonan Fernández, el Gobierno francés no ha cambiado su legislación penitenciaria, sino que son los presos de ETA los que se están plegando a ella después de décadas de negarse a hacerlo”, señalan, a la vez que lamentan que “con este tipo de afirmaciones, el Ejecutivo se sube al carro de una campaña de propaganda a favor de los terroristas basada en la mentira”.
Como ya publicó La Gaceta, a los presos de ETA en el país galo se les va a aplicar el derecho común, que establece que se atenderán las solicitudes de forma individualizada y se podrían aplicar a quienes les queden menos de tres años de cumplimiento de pena, quienes cumplan requisitos de seguridad y quienes tengan buen comportamiento en prisión. Todo ello teniendo en cuenta las dos líneas rojas marcadas por el Gobierno francés, que aseguró que no se concederán traslados a presos con delitos de sangre ni a aquellos con condenas o causas pendientes en España.
Por último, Covite ha criticado que el Gobierno vasco proponga aplicar un plan de reinserción específico para los presos de ETA. “En un territorio con unos niveles de radicalización violenta tan elevados como el País Vasco, un Gobierno responsable aplicaría planes de desradicalización a terroristas que siguen estando orgullosos de su pasado, que han establecido el arrepentimiento y la delación como sus líneas rojas y que son recibidos con honores por multitudes cuando abandonan la cárcel”, advierten.
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