Fuentes de la Policía Nacional consultadas por LA GACETA informan que un juez de El Hierro ha autorizado el traslado a un Centro de Internamiento para Extranjeros de 85 de los 119 inmigrantes ilegales de un cayuco que arribó el pasado martes a La Restinga. Se trata del último cayuco que ha alcanzado Canarias hasta la fecha y el primer gran expediente de internamiento con vistas a expulsión que se activa en el archipiélago desde la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo el pasado 12 de junio.
Tras las 72 horas máximas de detención policial, el magistrado ha decidido que estos 85 inmigrantes ilegales pasen a situación de internamiento durante un plazo de hasta 60 días, el máximo que permite la ley. De momento permanecen en el Centro de Atención Temporal de San Andrés, en El Hierro, a la espera de que la Policía gestione su traslado a un CIE no penitenciario. Según ha podido saber este medio, el juez ha autorizado expresamente su internamiento con el objetivo de ejecutar la expulsión del territorio nacional.
El cayuco zarpó desde la localidad de Barra, en Gambia, y transportaba a inmigrantes de Gambia, Guinea, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Senegal y Mali. Este expediente se ha convertido en el mayor de este tipo puesto en marcha en Canarias en los últimos tiempos, justo cuando el nuevo marco europeo endurece las condiciones para quienes entran de forma ilegal y prioriza las devoluciones.
La decisión judicial ha generado una notable tensión en El Hierro entre los agentes de la Policía Nacional y las organizaciones no gubernamentales que operan en la isla. Según las mismas fuentes consultadas por LA GACETA, los inmigrantes ilegales han manifestado su intención de formalizar solicitudes de protección internacional. Sin embargo, la orden del juez ha impedido de momento que se inicie ese trámite. Las ONG estarían ejerciendo presión para que se permita la presentación de esas solicitudes de asilo, lo que en la práctica podría paralizar o retrasar de forma significativa el proceso de expulsión ya autorizado judicialmente.
Los agentes interpretan esta actuación como un intento de obstaculizar una resolución judicial que busca aplicar la normativa vigente y el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Las organizaciones humanitarias, por su parte, defienden que todos los llegados tienen derecho a solicitar protección internacional y que no se les debe impedir el acceso a ese procedimiento. El resultado es una pugna directa entre una decisión judicial que prioriza el internamiento y la devolución, y la presión de las ONG para que se active la vía del asilo y se frene cualquier expulsión.
Según los agentes consultados esta situación no es aislada y en la práctica, incluso cuando un juez ordena el internamiento en CIE y la expulsión de inmigrantes ilegales que han entrado de forma ilegal, la intervención de las organizaciones puede complicar o bloquear la ejecución efectiva de esas medidas. Muchos de estos expedientes acaban sin materializarse la devolución, ya sea por la resistencia de los países de origen a aceptar el retorno forzoso o por la prolongación indefinida de los trámites administrativos y judiciales.
En el caso concreto de este cayuco, 85 inmigrantes ilegales ya tienen orden de internamiento y están a la espera de expulsión. Si las presiones logran que se admitan a trámite solicitudes de asilo masivas, el proceso podría dilatarse durante meses, manteniendo a estos inmigrantes ilegales en territorio español con documentación provisional y acceso a recursos públicos. Las fuentes policiales advierten que este tipo de dinámicas se repiten con frecuencia en Canarias y que contribuyen a la percepción de falta de control efectivo sobre la inmigración ilegal que llega por vía marítima.
