El traspaso de la competencia de prisiones al Gobierno Vasco, acordado en 2021 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el Partido Nacionalista Vasco, ha derivado en un incremento sostenido de medidas de flexibilización penitenciaria aplicadas a internos vinculados a la organización terrorista ETA. Según avanza Okdiario, desde la asunción de dicha competencia el 1 de octubre de 2021, el Departamento de Justicia autonómico ha concedido un total de 119 terceros grados correspondientes a 97 reclusos.
El caso más reciente es el de Jon Bienzobas, condenado, entre otros delitos, por el asesinato en 1996 del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Bienzobas acumula condenas que suman 266 años de prisión.
Diversas asociaciones de víctimas del terrorismo han cuestionado estas decisiones, calificándolas como una posible «amnistía encubierta». En particular, la organización Covite ha considerado «fraudulenta» la concesión del tercer grado en este caso, al entender que los criterios aplicados no incluyen elementos explícitos de arrepentimiento o colaboración con la justicia para el esclarecimiento de delitos pendientes.
Según los informes penitenciarios, la progresión de grado de Bienzobas se ha fundamentado en factores como la «buena conducta penitenciaria», la «evolución favorable tras periodos de inadaptación», el «apoyo familiar» y la existencia de una oferta laboral. Asimismo, se ha valorado el abono parcial de la responsabilidad civil derivada de sus condenas y una motivación favorable al desarrollo personal.
Las asociaciones de víctimas subrayan que este tipo de comunicaciones no incluyen solicitudes explícitas de perdón ni compromisos de colaboración judicial respecto a los más de 300 asesinatos sin resolver atribuidos a ETA.
Desde el Ejecutivo autonómico, dirigido en materia de Justicia por María Jesús San José, se sostiene que la aplicación de estos mecanismos se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, según explica Okdiario, el artículo 100.2 del reglamento penitenciario ha sido utilizado de forma adicional para flexibilizar condiciones de cumplimiento de condena. Este mecanismo ha permitido, entre otros casos, la salida parcial de prisión de Soledad Iparragirre y Mikel Garikoitz Aspiazu, ambos condenados por múltiples delitos de terrorismo.
Actualmente, una veintena de internos vinculados a ETA se benefician de este régimen, que permite salidas controladas para actividades laborales, terapéuticas o de voluntariado. Los criterios empleados en estos procesos incluyen aspectos como la ausencia de adicciones, el desempeño adecuado en actividades asignadas y la existencia de redes de apoyo externo.
