Según fuentes de la acusación popular que ejerce Vox, el exvicepresidente regional le ha trasladado a Llarena que no se ha destinado ni un sólo euro público para el 1-O.

El exvicepresidente golpista, Oriol Junqueras, el candidato a presidente de la Generalitat, Jordi Sánchez (JxCat) y el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart,, han protestado ante el Supremo por lo que consideran que es un juicio político dirigido contra ellos.
Los tres líderes independentistas catalanes, todos en prisión preventiva, han comparecido hoy ante el alto tribunal para conocer su procesamiento por delitos de rebelión y otros dentro del sumario abierto por «el procès» en el Supremo.
En ese trámite han presentado sus quejas por lo que creen que es un proceso dirigido contra ellos por sus ideas políticas, con falta de objetividad por parte del juez del caso, Pablo Llarena, y con vulneración de sus derechos como el de la protesta pacífica o, en el caso de Sánchez, su derecho a la participación política como candidato.
Junqueras ha defendido ante el juez que convocar un referéndum ilegal no es delito y que no se ha dedicado un solo euro de dinero público al proceso secesionista. Según fuentes de la acusación popular que ejerce VOX, solo ha respondido a las preguntas de su letrado durante la vista indagatoria que se ha celebrado este lunes en el alto tribunal para comunicarle su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.

Sánchez cuestiona la ‘proporción’ de su encarcelamiento al cumplir 6 meses

El diputado de JxCat y candidato a presidente de la Generalitat Jordi Sánchez ha cuestionado la «proporción» de su prisión preventiva, tras declarar ante el Supremo y cumplirse seis meses de su ingreso en la cárcel de Soto del Real (Madrid).
En un mensaje que ha difundido a través de su cuenta de Twitter, Sánchez ha recordado que ingresó en la prisión seis meses atrás: «Medio año en prisión preventiva, por unos hechos amparados por la libertad de expresión y de reunión pacífica».
El exlíder de la ANC ha continuado cuestionando las medidas cautelares que lo mantienen encarcelado: «¿Quién considera que la medida es proporcionada? ¿Quién considera que las acusaciones estén justificadas?».
El candidato a la Presidencia del Gobierno catalán ha concluido su mensaje lamentando el «triste país que opta por conculcar los derechos humanos».

Montoro asegura que no se costeó con dinero público

Sobre este tema, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha indicado este lunes en una entrevista con El Mundo que no se destinó ni un euro de fondos públicos al 1-O: ‘‘Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público». »Pero la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo», ha indicado Montoro.
Junqueras, que permanece en prisión madrileña de Estremera desde el pasado 2 de noviembre, ha señalado también que cree en la dignidad humana, en el pacifismo y en la convivencia.
Tras él ha comparecido durante apenas veinte minutos el candidato a presidir la Generalitat, Jordi Sánchez, y ahora es el turno del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quienes ayer cumplieron seis meses en prisión provisional.
Con Junqueras ha dado comienzo la llamada fase indagatoria en un sumario ordinario, que consiste en que se comunique a los encausados sus autos de procesamiento y tengan la oportunidad de manifestarse ante el magistrado acerca de los mismos.
De este modo, los 25 procesados en este caso por Llarena van a ir compareciendo ante el magistrado en los próximos días para que tenga lugar un trámite con cada uno de ellos al que podrán acudir todas las partes personadas en el sumario.

Lamela comunica a Trapero su procesamiento

La juez Carmen Lamela ha notificado personalmente su procesamiento por sedición y organización criminal al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y a los que fueran sus jefes políticos, el exdirector del cuerpo Pere Soler y el exsecretario de Interior César Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn-.
La comparecencia ante la juez de la Audiencia Nacional, en la que podían rebatir la acusación contra ellos, se ha prolongado solo unos minutos, en los que la Fiscalía ha declinado hacer preguntas y tampoco ha pedido la celebración de una vistilla para la adopción de medidas cautelares más gravosas de las que ya se les han impuesto en instrucción, han informado fuentes jurídicas.
El mayor de los Mossos de Esquadra ha alegado que se desmarcó ante el Ejecutivo regional del referéndum del 1-O y que se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y de la Fiscalía para cumplir sus «órdenes» tras la aprobación de la declaración de independencia.
En su recurso contra el auto de la Audiencia Nacional que lo procesa por sedición y organización criminal, al que ha tenido acceso Efe, Trapero insiste en que los mandos policiales de Mossos expresaron su «discrepancia» con la cúpula de la consellería de Interior respecto a sus planes para celebrar el 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Trapero ha llegado a la Audiencia Nacional a las 8.45 horas y poco antes lo hacían Pere Soler y César Puig. Los tres abandonaban la sede de la Audiencia Nacional sobre las 9.00 horas.
La juez les había citado a las 8.30 horas a los tres y a la intendente de los Mossos d’Esquadra Teresa Laplana -procesada solo por sedición por el asedio en la Consejería de Economía el 20 de septiembre-, a quien se le ha notificado el procesamiento por videoconferencia.
Este trámite en el juzgado de Lamela coincide con el que poco después tendrá lugar en el Tribunal Supremo, dónde el juez Pablo Llarena empezará este lunes a notificar el auto de procesamiento por rebelión a los principales actores del «procés», a excepción de los huidos.

Diferencia en los delitos imputados

La diferencia en la tipificación penal de los hechos, que en la Audiencia Nacional han sido calificados de sedición y organización criminal y en el Supremo de rebelión, malversación y desobediencia, ha llevado a la defensa de Pere Soler a cuestionar la existencia de una red criminal para obtener la independencia como sostiene Lamela.
En su recurso contra el procesamiento, al que ha tenido acceso Efe, Soler recuerda que Llarena rechazó ampliar la causa del Supremo a Trapero y al resto de investigados en la Audiencia Nacional, al no apreciar conexión con los hechos, lo que, a su juicio, demostraría que no existe ninguna red criminal, pues ni siquiera Puigdemont, al que Lamela atribuye el liderazgo, está procesado por ese delito.
El exdirector de los Mossos d’Esquadra se desvincula también del delito de sedición, ya que, según él, es la Jefatura de Mossos -que entonces ostentaba Trapero- la que debía adoptar decisiones sobre el operativo del 1-O y no él.
Sin embargo, la juez cree que la excúpula de la Policía autonómica, liderada por Soler y Trapero, bajo el mandato del exconsejero Forn y su segundo César Puig, condujo a «sus subordinados a una dejación auténtica de funciones» el 1-O, simulando un dispositivo «engañoso y fraudulento» que facilitó la votación del referéndum ilegal.

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