Acudirá ante el Tribunal de Justicia de La Unión Europea de Luxemburgo en el momento en el que Alemania acepte entregar al expresident golpista Carles Puigdemont por cualquier delito que no sea el de rebelión.
El juez Pablo Llarena acudirá ante el Tribunal de Justicia de La Unión Europea de Luxemburgo en el momento en el que Alemania acepte entregar al expresident Carles Puigdemont por cualquier delito que no sea el de rebelión, una iniciativa que paralizaría provisionalmente la causa contra él.
El juez del caso del «procés» en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, comenzó el pasado 6 de abril, cuando un tribunal alemán adelantó que no entregará a Puigdemont a España por el delito de rebelión, a estudiar la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo.
Al presentar la cuestión ante Luxemburgo, el procedimiento relativo al expresident quedará paralizado en una pieza separada desde el mismo instante en que sea admitida a trámite, mientras que el resto del proceso seguirá su curso.
Eso permitiría evitar juzgar a todos los inculpados que no se han escapado de la Justicia por delitos más graves que aquellos por los que se entregara a Puigdemont.
La fiscalía está de acuerdo con esa iniciativa. Sin embargo, la duda es cuándo podría plantear la cuestión Llarena. Y ese momento llegará cuando Alemania pretenda entregar a Puigdemont por otros delitos que no sea rebelión.
Para que sea admitida a trámite una cuestión prejudicial el juez que la presente debe verse en la situación de adoptar una resolución acerca de la cual tenga dudas sobre cómo aplicar el derecho de la U.E. Es decir, no es posible cuestionar la acción de otro tribunal, sino tener que adoptar una resolución. O sea, Llarena no puede cuestionar directamente al tribunal alemán, sino dudar cuando él deba decidir.
Pero fuentes del Tribunal Supremo han informado de que sí podrá acudir ante Luxemburgo cuando deba decidir si acepta la entrega de Carles Puigdemont por delitos como malversación o desobediencia y no por el más grave, el de rebelión.
Esta hipótesis todavía no es aceptada como inevitable por el Tribunal Supremo. De hecho, la reunión que hoy están desarrollando fiscales españoles y alemanes en La Haya está concebida para aportar argumentos a la acusación pública germana.
Esos argumentos deberían permitir a los fiscales alemanes para convencer a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el Estado federado por donde entró Puigdemont en Alemania el pasado 25 de marzo y donde quedó inmediatamente detenido, para que acepte entregar al reo por todos los delitos por los que ha sido procesado y no, como inicialmente ha anunciado, rechazar su entrega por rebelión.
La reunión entre fiscales alemanes y españoles, en la que se debatirá la euroorden dictada contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, comenzó a las 09.00 hora local (07.00 GMT) en la sede de Eurojust, la agencia europea para la cooperación judicial en La Haya.
Según confirmó una fuente de Eurojust, el encuentro está teniendo lugar a «puerta cerrada» y se desconoce la duración ya que es -insistió- «totalmente confidencial», por lo que no se espera que trascienda información sobre la reunión desde esta institución.
‘Impedir ir al pleno choca con legalidad internacional’
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado que impedir al diputado de JxCat Jordi Sánchez -en prisión preventiva-, acudir este viernes al pleno de investidura en el Parlament, «chocaría con la legalidad internacional».
«Espero -ha afirmado Torrent en unas declaraciones a la Cadena Ser- que Jordi Sánchez, como todos los diputados, pueda acudir al pleno y afrontar la investidura», y en este sentido, ha añadido que el juez Pablo Llarena «puede hacer caso a la legislación internacional o escribir otra página negra en la historia del Tribunal Supremo».
Según el presidente del Parlament, «las medidas cautelares de Naciones Unidas indican que debe respetarse el derecho a sufragio activo y el de sufragio pasivo, la posibilidad de ser votado y desempeñar las atribuciones que se deriven del cargo».
Torrent interpreta así que el Comité de Derechos Humanos, formado por 18 miembros, aún no se haya pronunciado sobre la denuncia presentada por los letrados de Sànchez, si bien dos de ellos firmaron un escrito en el que se llamaba a España a adoptar «las medidas necesarias para garantizar» que pueda «ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto» Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).
