El fenómeno conocido policialmente como ‘menas-erasmus’ se extiende en España y preocupa cada vez más a las autoridades judiciales, policiales y sociales. Bajo este nombre se esconde una práctica en la que familias, principalmente marroquíes, viajan como turistas al país con sus hijos, pero regresan sin ellos, dejándolos aquí para que sean tutelados por el sistema público de protección de menores.
Lo que comenzó siendo un patrón aislado se ha convertido en una tendencia en aumento. En provincias como Málaga, Madrid, Valencia, Baleares, País Vasco e incluso Cataluña, se han identificado decenas de casos. En esta última comunidad, las fuerzas de seguridad llegaron a desarticular recientemente una red que organizaba viajes destinados precisamente a abandonar a los menores en territorio español.
En Málaga, según datos recabados por el diario SUR, existen actualmente varios expedientes abiertos relacionados con este fenómeno. Sólo la semana pasada se detectaron dos nuevos casos: un adolescente que afirmaba haber llegado desde Francia en avión junto a sus padres, quienes desaparecieron tras aterrizar; y otro episodio aún más insólito, protagonizado por una mujer que acudió a la Ciudad de la Justicia para realizar un trámite y dejó a su hijo allí con una maleta, regresando horas después tras ser advertida por la Fiscalía de que su conducta podría constituir un delito de abandono.
Las familias implicadas suelen proceder de Marruecos, aunque también se han documentado casos de Argelia, Senegal y Gambia. A diferencia de los tradicionales «menas» —menores que llegan solos en pateras o escondidos en camiones—, los llamados menas-erasmus viajan en avión, con visados turísticos o de estudios, y provienen en muchos casos de entornos acomodados o de clase media. Su aspecto lo delata: visten ropa de marca, portan móviles de última generación y en ocasiones no hablan ni una palabra de español. Algunos incluso llegan con una nota en la que se lee: “Soy menor no acompañado. Ayúdeme”.
Los padres, según relatan fuentes policiales, suelen aprovechar la estancia turística para familiarizar a sus hijos con la ciudad y señalarles dónde están las comisarías o los servicios sociales a los que deben acudir una vez se queden solos. La intención es que el Estado asuma su tutela, lo que garantiza acceso a educación, sanidad y manutención, además de la posibilidad de regularizar su situación y obtener la nacionalidad española al alcanzar la mayoría de edad. Posteriormente, estos jóvenes pueden incluso solicitar la reagrupación familiar y traer a sus padres y hermanos.
El procedimiento siempre arranca en la comisaría, donde los agentes reseñan al menor, redactan un informe para la Fiscalía de Menores y activan el denominado «protocolo MENA». A partir de ese momento, el niño o adolescente pasa a depender de la Junta de Andalucía —en el caso de Málaga— o del organismo autonómico correspondiente, que asume su tutela y lo ingresa en un centro de protección. «La administración se convierte en sus padres», explican fuentes judiciales. Allí reciben atención médica, escolarización, alimentación y hasta una asignación económica diaria.
