La Generalitat ha estado regando con dinero público un lobby separatista con el que internacionalizar el ‘procés’ y que ha contado entre sus colaboradores con Julian Assange o Yoko Ono.
En la querella planteada por la Fiscalía contra el Govern se incide en la maquinaria propagandística activada por el separatismo para promocionar su causa. Según el ministerio público, estos personajes ‘’más o menos conocidos del panorama internacional’’ -como el fundador de Wikileaks o la viuda de John Lennon- realizaron declaraciones públicas a favor del referéndum secesionista del 1 de octubre.
La Fiscalía entiende que la participación de algunas de estas personas “no ha sido espontánea”. Sólo en 2017 la Generalitat destinó dos millones de euros para Diplocat, nombre con el que se conoce al lobby que ha sido fulminado por el Gobierno tras la aplicación del artículo 155.
Según la querella del ministerio público, durante la fase preparatoria del ‘procés’ entre 2015 y 2017 «se llevó a cabo una campaña internacional de imagen» para difundir «un relato único y sesgado de la situación de Cataluña» que justificará la celebración de un referéndum ante la comunidad internacional.
Justo antes de la cita ilegal del 1 de octubre Puigdemont pagó 60.000 euros a una consultora para mejorar la reputación del Govern en el exterior. A raíz de ese acuerdo, el presidente regional publicó un artículo en el Washington Post y fue entrevistado por el New York Times.
Así se fraguó la Hacienda Catalana
Paralelamente, según publicaba este lunes La Gaceta, la Generalitat contrató durante el mandato de Carles Puigdemont a multinacionales de reconocido prestigio para diseñar la organización del sistema fiscal de una hipotética Cataluña independiente, detallando los organismos que se debían integrar en una futura consejería o Ministerio de Hacienda.
Así lo advierte la Guardia Civil en un informe que consta en el sumario, al que ha tenido acceso Efe, de la investigación abierta por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sobre los preparativos del gobierno catalán para el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Según el informe, la Generalitat destinó “importantes recursos” a diseñar una “moderna administración tributaria a la imagen de los países más avanzados en esta materia”, tras encargar a la multinacional KPMG un informe en relación a la Oficina Catalana de Fiscalidad Internacional, materia en la que la administración catalana no tiene competencias.
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