El Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur ha publicado el informe anual sobre los abortos realizados en el estado, revelando una caída histórica del 63 % en el número de interrupciones del embarazo entre 2023 y 2024. Esta cifra marca el descenso más pronunciado desde que el aborto fue legalizado a nivel nacional en Estados Unidos por la sentencia Roe v. Wade, revocada en 2022 por el fallo Dobbs, que devolvió la competencia sobre esta materia a los estados.
Durante el primer año completo de aplicación de la Ley de Latido Fetal —que prohíbe la mayoría de los abortos una vez detectada actividad cardíaca en el embrión— se realizaron 5.162 abortos menos que en el año anterior. La normativa fue firmada por el gobernador republicano Henry McMaster en 2023, quien ha calificado estos datos como una “confirmación clara” de que la legislación está cumpliendo con su propósito. “Reflejan los principios de nuestra sociedad y nuestro compromiso con los más vulnerables”, afirmó esta semana.
Además, la Corte Suprema de EE.UU. respaldó recientemente la decisión del gobernador McMaster de cortar la financiación pública a Planned Parenthood como proveedor autorizado por Medicaid, debido a su implicación directa en la realización de abortos. En 2024, los dos centros que la organización mantiene en Columbia y Charleston informaron de 1.394 abortos realizados, casi la mitad del total registrado en todo el estado.
Desde organizaciones provida, el nuevo informe ha sido recibido con entusiasmo. Lisa Van Riper, presidenta del grupo South Carolina Citizens for Life, celebró las cifras como una prueba de que “la legislación salva vidas”. “Estos números representan a más de 5.100 bebés que han podido nacer, así como a madres que han evitado un posible trauma físico y emocional asociado con el aborto”, expresó. También tuvo palabras de agradecimiento para los legisladores que promovieron la norma.
En esa misma línea, Linda Plummer, directora ejecutiva de la Asociación de Centros de Atención Prenatal de Carolina del Sur (SCAPCC), destacó el papel de la Asamblea General por destinar recursos públicos desde 2022 a financiar clínicas médicas y centros de apoyo a embarazadas en situación vulnerable. “Gracias al respaldo político y al compromiso comunitario, cada vez más mujeres tienen acceso gratuito a cuidados esenciales y orientación en momentos difíciles”, aseguró.
