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PUBLICADOS POR ELDEFENSOR DEL PUEBLO

Los casos más graves de listas de espera en 2022: 30 meses en Madrid o 22 en Zaragoza

Hospital Ramón y Cajal. Europa Press

El ‘Informe Anual 2022’ del Defensor del Pueblo ha recogido algunos de los casos de listas de espera más graves durante el año pasado, como la demora de dos años y medio para una consulta en Madrid o los 22 meses para reprogramar una cita en Zaragoza.

En su documento, publicado este lunes, el Defensor detalla que el número de quejas recibidas por las listas de espera para recibir asistencia especializada (consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas) «ha seguido incrementándose de forma notable en 2022«.

Por ello, han detallado algunas de las situaciones de demora para consulta o prueba diagnóstica que han sido objeto de actuación del Defensor. En primer lugar, destacan los dos años y medio para una consulta en la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid).

Según indica el Defensor, pasaron hasta 30 meses para realizar una prueba diagnóstica desde antes de la fase aguda de la pandemia de Covid-19 (septiembre de 2019) hasta que finalmente se realizó, el 22 de abril de 2022.

En segunda posición se sitúan los 22 meses de espera para la reprogramación de una consulta de Traumatología en el Centro Médico de Especialidades Inocencio Jiménez (Zaragoza). En este caso, la cita original estaba fijada para el 31 de marzo de 2020, coincidiendo con los peores momentos de la pandemia. Finalmente, tuvo lugar el 9 de febrero de 2022.

El informe del Defensor también señala otros casos flagrantes, como los 17 meses para consulta en la Unidad del Dolor del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo; 14 meses para recibir tratamiento de rehabilitación en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla (Murcia); o 10 meses para consulta de Traumatología en el Hospital General de Villarrobledo (Albacete).

Otros casos son de ocho meses de espera para consulta en la Unidad del Dolor del Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera (Cádiz) y realizar la técnica de infiltración; y siete meses para consulta en el Hospital Universitario de San Pedro (Logroño).

En Madrid, otros dos casos reseñados son cinco meses para consulta en la Unidad del Dolor del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) y también cinco meses para consulta en el Servicio de Traumatología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares).

El mismo tiempo de espera se produjo para llevar a cabo una infiltración en la Unidad del Dolor del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra o para una consulta en el Servicio de Traumatología del Centro Periférico de Especialidades Esperanza Macarena (Sevilla).

Un paciente tuvo que esperar cuatro meses para consulta en el Servicio de Traumatología del Consorci Universitari Parc Tauli (Sabadell, Barcelona); y otro el mismo tiempo para recibir tratamiento de rehabilitación en el Centro Sanitario El Carmen (Murcia).

En este último caso, el Defensor explica que la Consejería de Sanidad de Murcia asumía que «la lógica asistencial obliga a priorizar los pacientes derivados a rehabilitación«. Este expediente del Defensor se cerró «una vez que la Administración informó de la contratación de un rehabilitador en el servicio correspondiente».

El último caso que recoge el Defensor es el de un paciente que tuvo que esperar tres meses para consulta en la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La entidad liderada por Ángel Gabilondo explica que la fecha de algunas de las citas de pacientes incluidos en lista de espera «se ha adelantado a lo largo de la tramitación de la queja respectiva, una vez que las administraciones sanitarias han podido verificar alguna variación en la evolución clínica de los usuarios que así lo aconsejara, o han reestructurado las agendas de citas tras reforzar la dotación de la plantilla, o han solucionado otras dificultades transitorias de gestión».

En otros casos, sin embargo, lamentan que los servicios de salud «han mantenido los períodos dilatados de espera, indicando que el plazo establecido se adecuaba a la situación clínica del paciente, o alegando la imposibilidad de disponer de especialistas que pudieran reducir la demora».

Igualmente, el Defensor denuncia que la tardanza en prestar atención sanitaria «se ha visto a veces acrecentada por la canalización de la solicitud de pruebas diagnósticas a través de centros hospitalarios distintos del de referencia del paciente».

En cuanto a la lista de espera quirúrgica, el Defensor afirma que la situación es similar. Por ejemplo, ha recibido quejas sobre los servicios de Traumatología del Hospital Universitario Central de Asturias y del Hospital Universitario de Guadalajara, así como del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo de este último centro hospitalario.

Según el Defensor, Madrid «concentraba un número importante de quejas» tras la finalización de la fase aguda de la pandemia de Covid-19.

Al respecto, la Consejería de Sanidad madrileña ha asegurado al Defensor que estaba «llevando a cabo una investigación de los casos con mayores tiempos de espera quirúrgica, así como la puesta en marcha de otras iniciativas para mejorar la situación». El Defensor añade que «hará seguimiento de esta cuestión».

Las quejas sobre demora quirúrgica se han centrado este año principalmente en la realización de procedimientos indicados por especialistas en urología, especialmente urgentes cuando se programan en el contexto del tratamiento de tumores. Estos procedimientos están incluidos en la normativa para agilizar la asistencia sanitaria.

Por ejemplo, el Defensor cita el caso de la Comunidad Valenciana, donde, tras una actuación de la entidad, se reforzó la dotación de facultativos en el Servicio de Urología del Hospital Universitario de Torrevieja (Alicante), tras revertirse su gestión al departamento de salud correspondiente.

Al igual que en Atención Primaria, el Defensor del Pueblo también ha recibido quejas por «las carencias en materia de dotación de personal o de equipamientos en unos y otros centros sanitarios».

Por ejemplo, apuntan que «está pendiente de recibir información» acerca de la adecuación de los recursos sanitarios de la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular de la población residente en Cáceres.

Según el Defensor, la población de esta provincia «es atendida en Badajoz, a pesar de figurar la ubicación de dicho servicio, en la página del Servicio Extremeño de Salud, en el Hospital San Pedro de Alcántara, de Cáceres».

Al respecto, el Defensor ha recordado a la comunidad autónoma que el artículo 11 de la Ley 10/2001 de 28 de junio de Salud de Extremadura «reconoce a los ciudadanos el derecho a la información sobre los servicios sanitarios a los que pueden acceder y acerca de los requisitos necesarios para su uso».

Por último, el Defensor también dedica un apartado a la seguridad de los pacientes. En este caso, se hace eco de una noticia sobre presuntas malas prácticas en materia de cirugía plástica, estética y reparadora en Murcia.

Al hilo, el Defensor advierte de que «cada vez hay un mayor número de centros en los que se aplican técnicas y procedimientos sin que exista certeza acerca de si se materializan con las garantías y calidad debidas».

Por ello, la entidad ha solicitado «información» a la administración murciana sobre el resultado de las labores de inspección y control realizadas en centros de titularidad privada que practican la referida actividad quirúrgica.

El Defensor recuerda que, tal y como dispone la Ley General de Sanidad, las actividades públicas y privadas que puedan tener consecuencias negativas para la salud «serán sometidas por los órganos competentes a limitaciones preventivas de carácter administrativo, que han de controlar también la publicidad relacionada con la salud».

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