La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha mostrado públicamente su respaldo a la creación de una Comisión de Estudio en el Parlamento de Andalucía, destinada a investigar a fondo las consecuencias que está teniendo la expansión acelerada de proyectos de energías limpias sobre el entorno natural, los modos de vida tradicionales del mundo rural andaluz y la tala de unos 500.000 olivos.
La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario de VOX, pretende ser una respuesta institucional a las crecientes quejas de habitantes de zonas del interior, preocupados por el avance descontrolado de megaproyectos fotovoltaicos y eólicos. En muchas comarcas, esta expansión está dando lugar a expropiaciones de terrenos, pérdida de biodiversidad y un deterioro visible del paisaje agrícola.
El portavoz de VOX en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, acompañado por la parlamentaria malagueña Purificación Fernández, fue el encargado de anunciar esta propuesta legislativa en una visita reciente al municipio de Álora (Málaga). Allí se reunió con numerosos vecinos afectados por la implantación de estas infraestructuras en la comarca del Guadalhorce, donde se ha intensificado el malestar vecinal por la falta de planificación y transparencia.
Desde la FAC, su presidente José María Mancheño ha dejado clara la postura del colectivo cinegético: «No estamos en contra de las energías renovables como concepto, pero sí de la forma agresiva, desorganizada y sin criterios ambientales con la que se están imponiendo en muchas zonas de Andalucía». Según denuncia, muchas de estas instalaciones se superponen a terrenos agrícolas y hábitats de alto valor ecológico, esenciales para la fauna autóctona, incluidos numerosos animales protegidos.
Además, Mancheño subraya que estos proyectos no están dejando beneficios palpables en los municipios afectados. «No generan empleo estable ni riqueza local, lo que agrava aún más el sentimiento de desarraigo de los vecinos del medio rural», lamenta. En su opinión, se está priorizando un modelo energético basado en cifras y superficie ocupada, sin atender al impacto real sobre el territorio y sus habitantes.
La FAC, que lleva más de tres años alertando a la Junta de Andalucía del peligro de este modelo expansivo, considera fundamental que se escuche a agricultores, ganaderos y cazadores, verdaderos conocedores del territorio y principales damnificados por esta transformación forzada. Según afirman, la creación de esta comisión podría servir como altavoz para reclamar una transición energética más equilibrada y respetuosa.
Desde la organización cinegética se insiste en que la sostenibilidad debe contemplar no solo la producción energética limpia, sino también la protección del entorno, el respeto por la biodiversidad y la viabilidad de las economías rurales. «No se puede sacrificar el patrimonio natural de Andalucía bajo la excusa del progreso, si este no tiene en cuenta ni a las personas ni a su entorno», concluyen desde la Federación.
