Los cinco miembros de una familia marroquí acusados de explotar a trabajadores ‘sin papeles’ en explotaciones agrícolas de Valladolid y Segovia han evitado entrar en prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y reconocer los delitos de fraude a la Seguridad Social, explotación laboral e integración en grupo criminal.
El pacto, alcanzado este viernes en la Audiencia Provincial de Valladolid, ha evitado la celebración del juicio previsto, en el que la acusación pública solicitaba inicialmente cinco años y medio de cárcel para cada uno de los procesados. Finalmente, la pena ha quedado reducida a dos años de prisión, cuya ejecución ha sido suspendida por un periodo de cinco años, de modo que los condenados no ingresarán en prisión si no vuelven a delinquir.
Los condenados —cuatro hermanos y su madre— formaban una red familiar dedicada a la prestación de servicios agrícolas en Valladolid y provincias limítrofes. Según la investigación, contrataban a inmigrantes de su misma nacionalidad sin permiso de residencia ni de trabajo, y dejaban de pagar las cuotas a la Seguridad Social tanto de los empleados como de ellos mismos, generando una deuda que ascendía a 225.125 euros.
Para simular legalidad y evitar las sanciones, los cinco marroquíes rotaban la titularidad de la empresa entre ellos: cada vez que se acumulaban las deudas, uno de los familiares se inscribía como nuevo empresario individual en el Régimen General, manteniendo los mismos trabajadores, maquinaria y domicilios en la localidad vallisoletana de Olmedo.
La Inspección de Trabajo comprobó en 2022, durante operativos en los municipios segovianos de Chañe y Cantalejo, que empleaban a jornaleros marroquíes en la recogida de patata y fresa, sin darles de alta ni ofrecerles condiciones laborales mínimas.
Tras reconocer los hechos, los cinco condenados han obtenido una notable rebaja de la pena. La sentencia dictada ‘in voce’ impone a cada uno un año y medio de prisión y multa de 230.000 euros por delito contra la Seguridad Social, más otros seis meses de cárcel por grupo criminal y una multa adicional de 2.160 euros por delito contra los derechos de los trabajadores.
Asimismo, pierden el derecho a obtener subvenciones y beneficios fiscales durante tres años y deberán abonar 205.000 euros de responsabilidad civil a la Seguridad Social, tras descontar los 20.000 euros que ya han pagado como reparación parcial.
El tribunal ha acordado que los condenados paguen 400 euros mensuales y mantengan su compromiso de no delinquir durante los próximos cinco años. En ese periodo, quedarán en libertad bajo la condición de estar a disposición del tribunal y comunicar cualquier cambio de domicilio.
