La Generalidad de Cataluña, siguiendo los pasos del Gobierno vasco, incorporará a partir de ahora la nacionalidad de los detenidos en las estadísticas oficiales de criminalidad. Así lo confirmó Josep Lluís Trapero, director general de la Policía catalana, quien señaló que este dato —hasta ahora reservado y sólo accesible a través de respuestas parlamentarias— aparecerá por primera vez en el informe anual que los Mossos harán público a comienzos de 2026.
Trapero, que ya estuvo al frente del cuerpo policial durante los acontecimientos del otoño separatista, detalló que la nacionalidad pasará a ser una variable más dentro del análisis, aunque insistió en que los indicadores socioeconómicos, el nivel formativo o el entorno residencial tienen un mayor poder explicativo. El responsable policial aseguró que la nueva metodología pretende aportar «transparencia» y, al mismo tiempo, desmontar interpretaciones que consideran erróneas sobre inmigración y delincuencia —pese a que los datos lo desmienten—.
El anuncio llega apenas unos días después de que la Ertzaintza difundiera un informe revelando que más del 60% de los arrestos realizados en el País Vasco correspondían a personas extranjeras, con un peso especialmente elevado de ciudadanos magrebíes. La decisión de publicar estos datos de forma sistemática ha roto un tabú que llevaba años generando debate político y mediático.
En Cataluña, aunque el Govern no hacía públicos estos detalles, sí se conocían por las respuestas que Interior remitía al Parlamento autonómico. Según esas cifras, de los casi 47.000 detenidos registrados el año pasado, 16.214 eran de nacionalidad española, mientras que el resto —más del 65%— correspondían a ciudadanos de otros países. Los marroquíes encabezaban la lista con 9.495 detenidos, seguidos de los argelinos, con 3.805 casos.
La consejera de Interior, Núria Parlon, se ha mostrado alineada con la tesis de Trapero y sostiene que la publicación regular de estos datos permitirá «combatir falsedades» y evitar «asociaciones injustas» entre origen nacional y criminalidad. El mensaje del Govern es que el análisis debe ser global y tener en cuenta múltiples factores para interpretar correctamente los comportamientos delictivos.
Este cambio en la política de transparencia coincide con un clima político marcado por el crecimiento de VOX en todas las encuestas recientes, que lleva tiempo alertando del problema de la inseguridad asociado a la inmigración masiva. Según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), difundido este lunes, el partido liderado por Santiago Abascal pasaría de los 11 escaños actuales a una horquilla de 13 a 14 diputados en el Parlamento catalán, situándose por encima del Partido Popular, que retrocedería respecto a sus resultados anteriores.
El avance de VOX en intención de voto se produce en un momento en que la seguridad, la inmigración y la gestión del orden público han pasado a ocupar un lugar central en la discusión pública catalana. Analistas políticos apuntan a que la decisión de desglosar la nacionalidad de los detenidos puede tener efectos en el debate político, aunque el Govern insiste en que su objetivo es puramente informativo y no electoral.
