Los pequeños agricultores han cargado contra las grandes políticas ambientales impulsadas desde las instituciones nacionales y europeas por considerar que se diseñan cada vez más lejos de la realidad del campo y terminan favoreciendo a fondos de inversión y grandes corporaciones agroindustriales, según recoge El Debate.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos —UPA— denuncia que la agricultura y la ganadería familiar están siendo desplazadas por una agenda agroambiental que acumula obligaciones sobre los productores tradicionales sin ofrecerles respaldo suficiente.
«Las grandes políticas ambientales se siguen diseñando con escasa participación real del sector. Mientras los fondos de inversión y las grandes corporaciones agroindustriales ganan peso en la definición de la agenda agroambiental, la agricultura familiar —la que produce alimentos de proximidad, la que fija población en los pueblos y la que gestiona la mayor parte del territorio rural español— acumula obligaciones sin respaldo suficiente», ha reprochado la organización agraria.
UPA sostiene que las estrategias nacionales y europeas más ambiciosas no ponen el foco en los problemas inmediatos de quienes viven del campo, producen alimentos y mantienen el territorio. Para la organización, no puede hablarse de protección ambiental mientras se ignora a los agricultores y ganaderos que sostienen la vida rural.
«Si se vacían los pueblos, también se degrada el territorio. Eso no se refleja en los modelos de carbono, pero es una realidad que cualquier agricultor conoce bien», advierte la organización.
Los pequeños agricultores reivindican que la agricultura familiar es una de las herramientas más eficaces para la adaptación y mitigación frente al cambio climático. Mantiene caminos, gestiona pastos, preserva razas autóctonas, favorece la polinización, reduce el abandono de tierras que alimenta los incendios y sostiene comunidades rurales que de otro modo desaparecerían. «Si hay una transición ecológica real en el campo, tiene que pasar por nosotros», recalca UPA.
La organización denuncia además la pérdida progresiva de agricultores y ganaderos tradicionales frente a sociedades, fondos y grandes actores que tratan la explotación agraria como una simple inversión financiera. El campo, advierten, se concentra cada vez en menos manos.
Los datos del censo agrario del Instituto Nacional de Estadística reflejan esa tendencia. En 2009 España contaba con 989.796 explotaciones agrarias, frente a 914.871 en 2020. Es decir, desaparecieron decenas de miles de explotaciones, mientras la superficie agraria útil aumentó en 161.000 hectáreas.
El dato revela una concentración creciente. Las explotaciones de más de 100 hectáreas crecieron casi un 9% desde 2009 y, aunque representan únicamente el 6,09% del total, controlan el 58% de la superficie agraria útil.
El Balance Agrario 2024 de COAG añade otro elemento de preocupación: según datos del Ministerio de Agricultura, un 6,6% de sociedades jurídicas —entre las que se encuadran fondos de inversión y capital riesgo— acaparan el 42% del valor de la producción generada en el campo español.
Para las organizaciones agrarias, estos datos evidencian que la agenda verde y la concentración económica están transformando el mundo rural en contra del agricultor de toda la vida. Mientras se multiplican exigencias ambientales, burocráticas y productivas, los pequeños productores pierden peso frente a actores con mayor capacidad financiera y jurídica.
UPA valora que España cuente con una estrategia propia para cumplir con el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, pero advierte de que esa hoja de ruta sólo será eficaz si se cuenta con los agricultores y ganaderos desde el principio.
«Los agricultores y ganaderos gestionan la mayor parte de los ecosistemas terrestres que ese plan pretende restaurar. Sin su implicación activa en todos los niveles, cualquier objetivo de restauración será papel mojado», sostiene la organización.
La entidad exige que los agrarios participen de forma real en el diseño y despliegue de las políticas ambientales, y reclama que estas medidas no se financien a costa de los recursos de la Política Agraria Común —PAC—.
«Utilizar estos fondos como palanca de financiación de la restauración supondría trasladar al agricultor los costes de una política ambiental que es responsabilidad del conjunto de la sociedad», concluye UPA.
