Si el Gobierno activa a partir del jueves la aplicación del artículo 155 de la Constitución para obligar a la Generalitat a cumplir con los preceptos constitucionales, su tramitación en el Senado podría resolverse en un pleno extraordinario a celebrar el jueves 26 o el viernes 27 de octubre.
Así lo han informado este martes fuentes parlamentarias de la Cámara Alta, el órgano al que según la Carta Magna le corresponde aprobar por mayoría absoluta las medidas que pueda adoptar el Ejecutivo si el próximo jueves a las 10 de la mañana no recibe una respuesta satisfactoria del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que confirme el retorno a la legalidad constitucional.
Sin querer presuponer cuál será el desenlace de este ultimátum ni el tipo de medidas que propondrá el Gobierno, el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, ha anticipado que los plazos que maneja la Cámara Alta apuntan a que el jueves o viernes de la semana próxima podría estar «consumada» su tramitación al amparo del artículo 155.
Este jueves debería ser activado por el Gobierno
Pero antes, posiblemente el jueves, una vez que venza el plazo fijado para la respuesta de Puigdemont, el Consejo de Ministros tendrá que aprobar las medidas que elevará a la Cámara Alta.
La Mesa del Senado se reunirá en cuanto llegue el escrito, bien el mismo jueves o el viernes 20, dependiendo del momento en que le llegue el documento, para establecer el calendario y la forma de tramitación.
Porque el artículo 189 del Reglamento del Senado ofrece dos vías para cursar la petición del Gobierno: bien la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas o bien la creación de una comisión conjunta «ad hoc» conformada por senadores de aquellas comisiones afectadas por la materia a tratar, esto es, las medidas concretas planteadas por el Gobierno.
Un nuevo plazo para Puigdemont
En cualquiera de los dos supuestos, la comisión dará un plazo al presidente Puigdemont para que presente y defienda -él mismo o a quien designe- las alegaciones que considere pertinentes respecto a los acuerdos del Ejecutivo.
La diferencia estriba en que la Comisión General de Comunidades Autónomas tiene un funcionamiento algo más complejo, ya que en sus sesiones pueden intervenir los presidentes autonómicos, además del Gobierno, los portavoces de los grupos parlamentarios y los de los grupos territoriales.
Sin embargo, la comisión conjunta que se pudiera crear expresamente trabajaría como una comisión ordinaria, con la única salvedad de que sus miembros tienen que ser obligatoriamente senadores procedentes de las comisiones que la conformen.
Fuentes del grupo popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, han asegurado que en principio el PP no tiene preferencia por una u otra comisión, y recuerdan que la decisión debería tomarse por la Mesa, donde también están representados el PSOE y el PNV.
De esta manera, las mismas fuentes sugieren que atenderían las preferencias de los socialistas, ya que si bien el PP no precisa de su voto porque en la Mesa cuenta con la misma mayoría absoluta que en el hemiciclo, sí quiere que todas las decisiones relativas al 155 tengan el mayor apoyo posible, sobre todo por parte del PSOE.
La Comisión se reuniría el lunes
La comisión por la que se opte podría reunirse así el lunes, antes del pleno ordinario que el Senado celebra a partir el martes 24, con una sesión de control en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contestará a preguntas de la oposición; la sesión continuará el miércoles por la mañana.
El Reglamento no determina cuál es el plazo que se dará al presidente autonómico para que formule sus alegaciones, pero en todo caso las fuentes de la Cámara Alta dan por hecho que, una vez que la comisión emita su dictamen, el pleno podrá debatirlo y aprobarlo en sesión extraordinaria el jueves 26 o al día siguiente.
El artículo 189 determina que la Comisión elevará una «propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas», lo que significa que las demandas del Ejecutivo podrían cambiarse, al menos en teoría.
El voto favorable de la mayoría absoluta de los senadores dará luz verde definitiva al Gobierno para poner en práctica esas medidas en aplicación de un artículo de la Constitución nunca antes puesto en práctica y de tramitación inédita en la Cámara Alta.
Por otra parte, la Junta de Portavoces del Senado ha rechazado este martes una petición del senador de EH-Bildu Jon Iñarritu para que el presidente del Gobierno comparezca ante el pleno para dar cuenta de la crisis catalana, requerimiento rechazado por la mayoría del PP, cuyo portavoz, José Manuel Barreiro, ha recordado que Rajoy ya compareció en el Congreso la semana pasada.
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