El Gobierno anunció el jueves un acuerdo con Bildu para modificar la ley de seguridad ciudadana que incluye la eliminación progresiva de las pelotas de goma, así como otras medidas polémicas como la reducción de sanciones por faltas de respeto a la autoridad y el fin de las devoluciones en caliente en las fronteras. La reacción entre los cuerpos de seguridad fue inmediata: la decepción y el malestar se hicieron notar. Desde la Confederación Española de Policías (CEP) han calificado el acuerdo como «el mayor ataque a la operatividad de las fuerzas de seguridad en toda la democracia». La principal preocupación radica en que los agentes se verán más vulnerables ante situaciones violentas, advirtiendo que estas medidas favorecen el incivismo y la impunidad.
El dato que subrayan las fuerzas de seguridad es alarmante: en 2023, se registró una media diaria de 46 agresiones contra policías y guardias civiles. «Con esta ley, los agentes estarán mucho más expuestos», advierten. Desde Jupol, el sindicato policial, exigen la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusan de traicionar sus compromisos y poner en peligro la seguridad de los profesionales del orden público. «No puede seguir al frente ni un minuto más», sentencian.
La eliminación de las pelotas de goma, según muchos agentes consultados, complicará su capacidad de respuesta en situaciones como manifestaciones violentas, asaltos fronterizos o disturbios en eventos deportivos. Desde las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, insisten en que este material es fundamental como elemento disuasorio. «No somos tantos agentes como en otros países. Si en una manifestación hay 2.000 violentos, nosotros somos 200. Las pelotas de goma hacen que la gente huya, lo que nos permite restaurar el orden», explican a The Objective. Sin este recurso, temen un aumento de heridos, tanto entre manifestantes como entre los propios agentes, ya que el cuerpo a cuerpo o el uso de porras resulta mucho más lesivo.
La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido un compromiso del Gobierno desde junio de 2018 y forma parte de su Plan de Acción por la Democracia. Desde el Ejecutivo defienden que la reforma busca modernizar la legislación y adaptarla a los valores constitucionales, abriendo la puerta a dialogar con los demás grupos parlamentarios para avanzar en su tramitación, si se alcanza el consenso necesario.
