El Gobierno ha anunciado la ampliación del plazo para la nacionalización de los judíos sefardíes, a fin de reparar el decreto de expulsión de 1492, que fue derogado por Franco en 1969.
El Gobierno ha anunciado que ampliará un año más el plazo concedido a los sefardíes para solicitar la nacionalidad española, disposición que se tomó en 2015 y que hasta el día de hoy ha nacionalizado a 1.708 descendientes de los judíos que en 1492 se fueron de España en aplicación del Edicto de la Alhambra.
La razón de dicha ampliación es la dispersión de los judíos por el mundo; aún más, es previsible que se realicen ulteriores ampliaciones.
Los judíos solicitantes de la nacionalidad española en 2016 eran procedentes en su mayoría de Israel, seguidos de los de Venezuela y Colombia. Al año siguiente, sin embargo, las cifras cambiaron, y los de Venezuela pasaron a encabezar la lista, multiplicándose por tres; los de Israel también aumentaron, pero en mucha menor proporción.
Es evidente que el alarmante deterioro de la situación en Venezuela ha sido un factor de primer orden para explicar lo sucedido.
La expulsión
La decisión tomada por el Consejo de Ministros de ofrecer la ciudadanía española a los descendientes de los judíos expulsados en 1492 tiene un evidente carácter reparador de lo que se evalúa como una injusticia histórica.
Dicha injusticia radicaría en el hecho de que, por razones religiosas, el 31 de marzo de 1492 Fernando e Isabel firmasen el llamado decreto de expulsión, concebido por fray Tomás de Torquemada, Inquisidor General, que fue quien se lo presentó a los reyes católicos.
Un decreto que establecía un plazo de cuatro meses para que los judíos abandonasen tanto Castilla como Aragón – plazo que se prolongó otros diez días – en razón de su persistencia en mantenerse en la fe judía.
¿Cuántos judíos se fueron?
Desde fines del siglo XIV se venían desarrollando campañas de conversión de judíos en ambos reinos, en particular desde el progromo de 1391. A partir de entonces, los judíos que mantuvieron su fe fueron relativamente pocos, no más de unos 100.000, repartidos en pequeñas juderías por toda la península.
Hasta ese momento, los nobles y la corona eran sus principales valedores; el antisemitismo estaba extendido entre las clases populares de toda Europa, y España no era una excepción. Las causas de ese rechazo son complejas, pero sin duda la diferencia religiosa estaba en el núcleo de ellas. La función económica de los judíos y la persistencia de su singularidad cultural y social, eran también factores importantes.
Como consecuencia, y aunque las conversiones fueron numerosas, unas cuatro quintas partes de los judíos, unos 80.000, dejaron España.
La mayoría de esos judíos pertenecían al estrato medio, eran profesionales liberales y artesanos: médicos, sastres, zapateros, solo unos pocos eran altos funcionarios y muy pocos disponían de grandes fortunas, aunque estaba muy arraigada el uso de la ayuda mutua.
Las razones de la expulsión
La decisión de los Reyes Católicos ha sido siempre motivo de controversia. Se han aducido diferentes causas, pero en general se acepta las que los propios reyes dieron en el decreto de 1492: fueron razones de tipo religioso.
La expulsión resultó sorprendente para los hombres de la época, pero la sinceridad de Isabel y Fernando parece indudable. El objetivo era evitar que los judíos que mantenían su fe pudieran provocar una recaída en los conversos, y que volviesen atrás en su decisión de profesar la fe cristiana.
Que no había otros motivos que pudiéramos llamar “racistas” es claro: los propios reyes estaba rodeados de consejeros de ascendencia judía, hacia los que jamás habían manifestado hostilidad alguna, y el propio Torquemada era nieto de conversos.
Las tan recurrentes razones de tipo económico tampoco parecen convincentes, pues la confiscación de los bienes que dejaban en la península no compensaba en absoluto la pérdida para la Hacienda de unos contribuyentes tan espléndidos. Los cuatro meses que el decreto le concedía para salir de los reinos de Isabel y Fernando permitían que pusiesen sus bienes a la venta. El producto de la venta lo podían sacar de España en forma de letras de cambio. De modo que muchos judíos no perdieron grandes riquezas ni patrimonio aunque, para otros, su salida de España fue una tragedia.
En Europa
A fines de la edad media, los reinos peninsulares tenían en toda Europa una cierta fama de semitismo, que conservarían durante muchos más siglos. La protección que los monarcas solían brindar a los judíos, actitud compartida no pocas veces con la aristocracia, resultaba sospechosa a los ojos de no pocos europeos.
Los ingleses habían decretado la expulsión de los judíos en 1290, y Felipe el Hermoso de Francia había hecho lo propio en 1307. Esta última se ha convertido en el paradigma de la expulsión de hebreos: pues ciertamente el rey la emprendió contra ellos al tiempo que expoliaba al Temple y a la aristocracia. Fue la ambición económica, en su caso al servicio de un megalómano proyecto de reconquista de los Santos Lugares que habría de hacer de Felipe IV el monarca más poderoso de la Cristiandad.
Cuando el decreto de Fernando e Isabel fue conocido en toda Europa, las reacciones fueron positivas en términos generales. La idea prevaleciente era que los españoles habían tardado demasiado tiempo en deshacerse de los judíos. Tanto Maquiavelo como Erasmo acogieron y aplaudieron con calor la medida.
España fue, por tanto, el último de los grandes países de Europa en expulsar a los judíos.
Como quiera que fuese, lo cierto es que no fue sino a partir del siglo XVIII y la Ilustración cuando comenzó a censurarse el decreto promulgado por los Reyes Católicos, sobre todo por lo que tenía de nutriente de la leyenda negra. De hecho, muchos ilustrados eran profundamente antisemitas, pero eso no les refrenó.
Judíos sefardíes
Los judíos que abandonaron Castilla y Aragón marcharon a diferentes lugares: unos, a Portugal, donde no fueron bien acogidos, y donde solo se les permitió residir allí unas pocas semanas. Otros marcharon a Marruecos, de donde salieron en no pocos casos tras haber sido despojados de todo. Y no pocos llegaron hasta Turquía y las costas del Egeo. Además, no faltaron tampoco los que se establecieron en Holanda, contribuyendo en algunos casos a engordar la leyenda negra unas décadas más tarde (hasta Amsterdam arribaron muchos de los que primeramente habían recalado en Portugal, de modo que hoy los safardíes en los Países Bajos con conocidos como “Comunidad luso-israelita”).
Tras la expulsión, y dado que los hebreos identificaban la península ibérica como la Sefarad bíblica, pasaron a denominarse sefarditas o sefardíes aquellos que habían vivido en los reinos de la península ibérica, incluyendo Portugal. Eso les permitió conservar su origen y distinguirse del resto de judíos que ya poblaban Europa desde hacía siglos.
Vuelve la comunidad judía
En España volvió a existir una comunidad judía con entidad propia desde la aprobación de la Constitución de 1869 por el gobierno provisional del general Prim y el regente Serrano, considerada como la primera constitución democrática de nuestra historia y que estuvo vigente, con distintas vicisitudes, hasta diciembre de 1874, en que se produjo el golpe de Martínez Campos y la Restauración borbónica. Dicha constitución garantizaba la completa libertad de culto (aunque mantenía la confesionalidad del Estado).
Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo un redescubrimiento del sefardismo, a partir de la campaña española en el norte de África en la guerra contra el sultán, donde las tropas de Prim fueron recibidas, en un arcaico castellano, como libertadoras de los excesos musulmanes, tal y como recoge Pedro Antonio de Alarcón.
Ese filosefardismo fue recogido también por la Institución Libre de Enseñanza, pero ni mucho menos fue patrimonio de una postura ideológica concreta; Giménez Caballero, uno de los primeros en reivindicar el fascismo en España, albergaba en La Gaceta Literaria que dirigía, un apartado de cultura sefardí, llegando a dar una gira de conferencias por los Balcanes, tras la que denunció la pasividad oficial. También rodó una película, titulada Los judíos de patria española, en la que propugnaba la reconquista de los sefardíes, los expulsados en 1492.
La presencia del ejército en el norte de África acentuó ese filosefardismo, precisamente por el contraste que ofrecía la colonia judía en esa región con los musulmanes marroquíes. No faltaron algunos destacados miembros del régimen de Franco, como José María Doussinague y Agustín de Foxá, que mostraron su apoyo a los judíos.
Franco salva a miles de judíos
En diciembre de 1924, el Directorio Militar de Primo de Rivera concede un plazo de seis años a los “protegidos de origen español” para obtener la nacionalidad española. Unos cuatro o cinco mil se acogieron a la oferta, no muchos, entre otras cosas porque una gran cantidad de ellos creían que ya tenían ese derecho por nacimiento, sobre todo los que habían vivido en el imperio otomano.
Ese decreto de Primo de Rivera concluía en seis años, por lo que en 1930 cesaba su vigencia. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, Franco echaría mano de dicha ley para justificar una pretendida repatriación de decenas de miles de sefardíes en manos de los alemanes.
Ya en la primavera de 1940, Madrid consintió el paso de refugiados por los Pirineos –algunos de ellos judíos- que buscaban cobijo tras la derrota francesa. Aunque la España de la posguerra no estaba en la mejor situación para atender costosas demandas de carácter humanitario – eso sin contar el hecho de que los alemanes no veían con buenos ojos una política de tal tipo -, en noviembre de 1940 el Ministerio de Exteriores cursaba instrucciones para que los hebreos franceses de origen sefardí declarasen que eran españoles.
Además, el consulado español debía manifestar que los bienes judíos estaban amparados por la legislación española; y se comunicaba a las autoridades judías de Marruecos que “ningún judío refugiado del nazismo sufrirá el menor daño”.
En los años siguientes se protegió, aunque de forma desigual, a los judíos de distintos países de Europa, desde Francia hasta Grecia. Los alemanes sólo reconocían a los españoles autoridad sobre aquellos de origen sefardí, pero desde octubre de 1944 el Congreso Mundial Judío había instado a España a que tratara de salvar la mayor cantidad de hebreos posible, incluyendo a los askenazíes. El gobierno español se aprestó a simular que la vigencia del decreto de 1924 se mantenía en pie, como si no hubiera prescrito su efecto en 1930, lo que era un verdadero fraude.
El ministro español, José Félix de Lequerica ya había dado instrucciones con anterioridad para que se atendiera incluso “a los judíos de aquellos países que no nos han encomendado su protección”, y además protestó enérgicamente al saber del caso omiso que los húngaros hacían de los pasaportes españoles entregados a los hebreos.
…y Franco suprimió el edicto de expulsión
En el año 1949 se inauguró el Oratorio Lawenda, una sinagoga que dos años más tarde se traslada a la sinagoga Betzión. En 1965, se creará el primer colegio judío, el Ibn Gabirol; para entonces, ya había comenzado la llegada de sefardíes procedentes del norte de África, sobre todo de Marruecos, y en 1964 se crea el Consejo de Comunidades Israelitas de España.
El 16 de diciembre de 1968 se produce la inauguración de la sinagoga Bet Yaacov y, coincidiendo con dicho evento, el Ministerio de Justicia derogó el edicto de expulsión de 1492, formalmente oficializado con fecha 21 de diciembre de 1969.
