La exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, acusada de prevaricación en la pieza política del caso ERE, ha declarado que «es un error» considerar que en la Consejería de Hacienda lo controlan «todo» y ha defendido que la ejecución de los presupuestos de la Junta no era su competencia.
La exministra de Fomento ha seguido la estela del resto de imputados que han ido declarado en el juicio por la macrocausa de corrupción, modificando su declaración inicial ante la juez Alaya y negando cualquier competencia en la gestión de los fondos.
Álvarez, que fue consejera entre 1994 y 2004 y afronta una pena de diez años de inhabilitación, ha respondido durante algo más de dos horas a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado pertrechada de una carpeta llena de documentación subrayada y con continuas aclaraciones a la formulación que hacía el Ministerio Público, lo que ha provocado que el juez la interrumpiera varias veces para decirle que puede contestar o no pero que el fiscal podía preguntarle aspectos que no fueran de su competencia.
La exconsejera, que no ha ratificado las declaraciones que hizo en 2013 ante la instructora Mercedes Alaya porque «no recogen en su integridad» sus manifestaciones, ha insistido en que su competencia sobre el presupuesto andaluz acababa en la «fase prelegislativa» y ha rechazado toda responsabilidad en cómo se ejecutaba cada programa presupuestario.
Por ello ha justificado no tener conocimiento del convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA a partir del cual las ayudas de los ERE comenzó a pagarlas el IFA con transferencias de financiación de Empleo, si bien ha dicho que «nunca» recibió ningún informe de la Intervención con «reparos» a esas transferencias ni a las modificaciones presupuestarias que se realizaban para aumentar los fondos transferidos al IFA.
A preguntas del fiscal ha dicho que en su opinión en la concesión de toda ayuda o subvención «tenía que haber un procedimiento y fiscalización previa» y así se recogía en las leyes de presupuestos elaboradas durante sus diez años en la Junta, si bien ha subrayado que «si lo hubo o lo dejó de haber» no lo pudo saber.
Habla de ‘errores de interpretación’ de los peritos
Quien tras sus diez años en la Junta fuera ministra de Fomento y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones -cargo del que dimitió al estallar el caso ERE- ha apuntado varias veces a «errores» de interpretación por parte de los peritos de la Intervención General del Estado, cuyo informe es una de las pruebas claves del caso, sobre el destino que podían tener los recursos transferidos de la Consejería de Empleo al IFA.
A su juicio, los peritos han «malinterpretado» que las transferencias de financiación sólo pudieran destinarse a cubrir desequilibrios presupuestarios del IFA ya que sólo tenían ese destino los fondos «para su cuenta de explotación» pero el resto podían tener la finalidad que indicaran los presupuestos cada año.
También ha criticado la «confusión» de los peritos al identificar las transferencia de financiación, que es la «dotación de crédito de una Consejería a un ente público», con la subvención en sí que se da y paga, e incluso ha esgrimido una directriz de la Intervención General de la Administración del Estado de 1997 advirtiendo a sus peritos judiciales de que no identifiquen ambas cosas.
Su defensa se ha basado en que Hacienda sólo interviene en elaborar presupuestos y modificaciones que contienen esas transferencias de financiación pero no en qué se paga con esos fondos y cómo.
Además, ya a preguntas de su abogado, ha subrayado que tanto las cuentas anuales como las modificaciones presupuestarias eran conocidas por el Parlamento y el Presupuesto de la Consejería de Empleo indicaba claramente una partida presupuestario para transferencias de financiación al IFA «en materia sociolaboral» cuyos diputados de todos los grupos incluso proponían aumentar.
Tras Álvarez ha declarado el viceconsejero de Hacienda de 1990 a 2004 José Salgueiro -que la sustituyó al frente de la Consejería dos meses- quien ha insistido en reducir las competencias de este departamento a la elaboración del presupuestos y sus modificaciones con el reparto propuesto por las consejerías sectoriales y en base a las «directrices políticas» que marcaba el Consejo de Gobierno.
Salgueiro fue ponente del decreto de 1999 que reguló que los entes públicos fueran sometidas a control financiero permanente y ha reconocido que hubo «tensiones» sobre qué funcionarios ejercerían ese control en los mismos pero la Intervención general nunca le hizo una «petición específica» de medios.
También fue quien llevó a las reuniones de viceconsejeros los borradores del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero para regular la concesión de ayudas con cargo al convenio marco de 2001 entre Empleo y el IFA pero ha dicho no tener «ni idea» de por qué no se elevaron al Gobierno para aprobarlos pese a debatirse.
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