Los ataques hacia el juez Juan Carlos Peinado por parte del Gobierno han vuelto a intensificarse en los últimos días, justo cuando la Audiencia Provincial de Madrid se dispone a decidir si archiva la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún no ha emitido una declaración oficial en apoyo al magistrado, sectores del bloque conservador no descartan proponer una iniciativa en defensa de la independencia judicial si las críticas contra Peinado persisten.
Las fuentes del CGPJ consultadas por La Razón han dejado claro que no quieren interferir en las decisiones judiciales relacionadas con el caso de Begoña Gómez, especialmente con la resolución de la Audiencia de Madrid sobre el posible archivo. Además, en los próximos días también se espera una decisión sobre dos querellas por prevaricación presentadas contra Peinado, una de ellas impulsada por la Abogacía del Estado en representación de Pedro Sánchez. La Fiscalía respalda la admisión a trámite de esta última denuncia, aunque la resolución final podría retrasarse varios días.
El CGPJ, pese a no haber tomado una postura firme, ha expresado su descontento por las recientes declaraciones de Argelia Queralt, vocal del Consejo, quien se refirió a los «excesos» de algunos jueces durante la tramitación de la Ley de Amnistía. Según las mismas fuentes, aunque no desean aumentar la presión sobre Peinado, no permitirán ataques a la independencia judicial. Sin embargo, pesa el hecho de que Peinado no ha solicitado amparo formal al Consejo, y todavía existe malestar por el intento fallido de aprobar una declaración institucional el pasado agosto, cuando los vocales progresistas bloquearon una propuesta en defensa del Tribunal Supremo.
Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, ha expresado al citado diario su malestar por la actitud del Gobierno hacia el juez que investiga a la esposa del presidente. Para Portillo, resulta inquietante que el Ejecutivo critique a un juez por cumplir con su trabajo, lo que además proyecta una imagen de falta de respeto hacia la separación de poderes. Destaca también que la intervención del Gobierno en este caso, dado que afecta directamente a la esposa del presidente, transmite una percepción negativa sobre la imparcialidad de la justicia.
Por su parte, Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha señalado que las críticas a las decisiones judiciales son normales en democracia, pero que hay una diferencia clara entre eso y el señalamiento personal hacia un juez. Para él, este tipo de ataques debilitan la confianza en la independencia del sistema judicial, y subraya que el Poder Ejecutivo no debería influir en decisiones judiciales que están pendientes, como la que debe tomar la Audiencia Provincial de Madrid respecto al recurso presentado por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez.
La presión hacia la Audiencia Provincial también ha sido cuestionada, especialmente tras el retraso en la decisión sobre el archivo del caso que reclama Begoña Gómez, motivado por un recurso que el juzgado de Peinado aún no había enviado a la Sala. Oliva defiende que los magistrados de la Audiencia son lo suficientemente experimentados para tomar una decisión ajustada a derecho, sin dejarse influenciar por la presión política.
Finalmente, algunos sectores conservadores del CGPJ anticipan que si el Gobierno continúa con sus críticas tras las resoluciones pendientes en el «caso Begoña Gómez», se llevará el asunto al Pleno para debatir una propuesta en defensa del juez Peinado y, en general, de la independencia judicial.
