La plataforma Hablamos Español convoca una manifestación en Valencia, el próximo 2 de junio, a favor de la libertad de elección lingüística.
La educación constituye en las sociedades contemporáneas la principal oportunidad para lograr la movilidad social entre las clases populares. Así lo han comprendido todos los expertos y prácticamente todos los gobiernos, de manera que la educación se ha convertido en un derecho inalienable de los ciudadanos y en un instrumento para conseguir el bienestar económico y social, tanto colectivo como individual.
Un sistema educativo público de calidad se convierte por tanto en esencial para garantizar la igualdad de oportunidades a aquellos que carecen de medios económicos o de un entorno familiar adecuado para acceder al progreso social y económico. Naturalmente, cuando padecemos un mercado laboral deficitario y la nueva condición de los mercados internacionales obliga a pensar en la necesidad de aprender un idioma extranjero, principalmente inglés, para contar con mayores probabilidades de colocación, resulta más que nunca preciso otorgar al alumno de unos instrumentos flexibles que le permitan adquirir las habilidades que el permitan un mejor acceso a la vida laborar. No parece pues que obligarle a la fuerza a gastar su precioso tiempo de formación y esfuerzo en la inmersión lingüística en un idioma regional contribuya en gran medida a tal objetivo.
La lengua vehicular en la enseñanza constituye un factor negativo especialmente relevante cuando el alumno la desconoce
Pero es que además, la lengua vehicular en la enseñanza constituye un factor negativo especialmente relevante cuando el alumno la desconoce. No en vano el informe de la OCDE-CERI (1995) sobre los alumnos con riesgo de fracaso señala entre los siete factores predictivos del bajo nivel escolar, el desconocimiento del lenguaje mayoritario. El informe de la UNESCO de seguimiento de la educación en el mundo de febrero de 2016, afirmaba que “ser hablante de una lengua que no se habla en el aula es un factor que obstaculiza a menudo el aprendizaje de los niños, sobre todo de aquellos que viven en la pobreza”. Por ello precisamente la UNESCO recomienda que se garantice el aprendizaje en lengua materna al menos durante las primeras etapas de escolarización. Pero además, para garantizar una política inclusiva de las minorías en las naciones con una lengua mayoritaria y otras lenguas minoritarias, la UNESCO también recomienda que esas minorías tengan acceso a la educación en la lengua mayoritaria. Cuanto más, si se trata de los hablantes de la lengua mayoritaria que habitan en el territorio de uso de la lengua minoritaria.
Los menos pudientes tienen que soportar la inmersión lingüística y sus efectos sobre la educación de sus hijos
Sin embargo en España se impide en Cataluña, Galicia, Valencia, Baleares y País Vasco que los hablantes de la lengua mayoritaria puedan cursar sus estudios en la lengua común de todos los españoles. Salvo que tengan el bolsillo bien lleno, pues entonces sí podrán elegir el tipo de enseñanza que prefieren. Todos conocemos de sobra como la élite política y económica catalana elige librar a sus hijos de la inmersión lingüística enviándolos a caros colegios privados. Los menos pudientes no tienen libertad de elección, no puedan educar a sus hijos fuera del sistema de enseñanza pública y tienen que soportar la inmersión lingüística y sus efectos sobre la educación de sus hijos. Una grosera discriminación que, para los alumnos hispanohablantes, supone una peor formación, menor dominio del español, menor rendimiento en el aprendizaje del resto de asignaturas y un fracaso escolar, que en Cataluña es doble entre quienes tienen el español por lengua materna que entre los catalanohablantes.
Las consecuencias para los hispanohablantes sin suficientes medios económicos para poder mandar a sus hijos a un colegio privado, son la perdida de oportunidades laborales y por tanto más desigualdad y exclusión social. Pero las consecuencias negativas también afectan a los catalanohablantes, su competencia lingüística en español disminuye, con dificultades en la expresión oral y sobre todo escrita, lo que sin duda obstaculiza su movilidad geográfica. Solo salen beneficiados los hijos de las clases altas de la burguesía catalana y la clase política dirigente, que seguirán detentando el poder económico y político, a la vez que impiden el ascenso en la escala social de aquellos elementos de extracción social más humilde, salvo que comulguen y sirvan plenamente a sus designios nacionalistas, en cuyo caso podrán aspirar a las migajas del pastel.
Respaldar la iniciativa de Hablamos Español es apoyar, no sólo la libertad, sino la igualdad de oportunidades para todos. Es hacer efectivo ese famoso Estado social
El documento de la UNESCO, “Lucha contra la exclusión en la educación” (París, junio de 2012), considera una manifestación de la exclusión social el proceso de enseñanza y aprendizaje que “no se corresponde con las necesidades educativas del educando ni con su forma de aprender, porque la lengua de instrucción y los materiales didácticos no son comprensibles, o porque el educando pasa por experiencias incómodas, negativas o desalentadoras en la escuela o el programa, como discriminación, prejuicios, intimidación o violencia”. Tal es lo que sucede con las políticas de inmersión o normalización lingüística, en las que se obliga a escolarizar a los hablantes de español en una lengua ajena y que no es común en la sociedad en que viven, no por motivos pedagógicos, sino por motivos políticos, ya que constituye el eje sobre el que se pretender edificar las aspiraciones nacionalistas, que también el sistema educativo se empeña en inocular a los alumnos.
Siempre que enfoquemos el problema de las lenguas vehicularles en la educación desde el punto de vista del aprendizaje del alumno y de la función de progreso social del sistema educativo llegaremos a la misma conclusión, que no es otra que la libertad de elección lingüística debe estar disponible para todos, con independencia de su poder económico. El problema en España es que ese enfoque no es el que rige en las políticas lingüísticas de las diversas Comunidades Autónomas que cuentan con idiomas minoritarios además del español.
Por ello, respaldar la iniciativa de Hablamos Español, que convoca una manifestación en Valencia el 2 de junio a favor de la libre elección lengua, es apoyar, no sólo la libertad que con las imposiciones lingüísticas se elimina, no sólo la cohesión social de la Nación española, que se pretende romper convirtiendo el español en idioma extraño en las Comunidades con lengua regional, es apoyar la igualdad de oportunidades para todos, es hacer efectivo ese famoso Estado social, democrático y de derecho, que los políticos tanto cacarean, pero que a la hora de la verdad no defienden ni procuran.
