La decisión sin precedentes del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar la tramitación de una ley antes de que se votara en el Senado supone un engorroso asunto que, para muchos ciudadanos, es difícil de entender. Difícil, pero también urgente debido a la trascendencia que la maniobra del Gobierno, ahora paralizada, podía tener para la democracia en España.
En primer lugar, es imprescindible conocer para qué sirve el TC. El tribunal de garantías tiene la función de garantizar la supremacía de la Constitución y su acatamiento por parte de todos los poderes públicos. Entre sus tareas se encuentra el control de la constitucionalidad de los Tratados internacionales y de las leyes, resolver los conflictos de competencias entre las instituciones centrales del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial), así como los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Es decir, al admitir el recurso presentado por el Partido Popular, el TC ha cumplido precisamente con su función, arbitrar, lejos de lo que la izquierda se ha empeñado en defender en los últimos días y horas asegurando que se ha «producido un asalto a la Justicia».
Ahora bien, ¿cómo se ha llegado hasta aquí?
El Gobierno de Pedro Sánchez pretendía hacer una reforma legal para cambiar por la vía rápida el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –el órgano que debe garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial– y del TC.
La tramitación de esta reforma se estaba haciendo a través de un procedimiento irregular: mientras el Ejecutivo presentaba la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y reformar el de malversación para así beneficiar a sus socios golpistas, PSOE y Unidas Podemos introdujeron –colaron–dos enmiendas parciales para también reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), relativas a la designación de los magistrados del tribunal de garantías.
Esta tramitación por la puerta de atrás no respeta la doctrina constitucional que establece que las enmiendas parciales deben respetar «una conexión mínima» de homogeneidad con el texto de la iniciativa –las enmiendas del Gobierno no guardan relación con la reforma del Código Penal–.
¿Qué buscaba exactamente el Gobierno con la reforma de la LOTC y la LOPJ?
En pocas palabras: la politización de la Justicia.
PSOE y Unidas Podemos introdujeron dos enmiendas: una a la LOPJ para eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de que el CGPJ nombrase a los magistrados del TC, siempre que no se alcanzara dicho consenso en el plazo de tres meses desde que finalice el mandato de los magistrados salientes.
Y otra para modificar la LOTC eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilitar la opción de renovar por sextos y no por tercios.
De esta forma el Gobierno buscaba colocar instantáneamente a los magistrados de su elección y terminar con la mayoría «conservadora» que actualmente existe en el tribunal.
Además, la tramitación en forma de enmiendas agiliza el proceso en el Congreso y en el Senado y evita los informes necesarios del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
Rechazo a la recusación exigida por Podemos
El TC también ha rechazado este lunes otra enmienda presentada por Podemos en la que el partido morado exigía la recusación del presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y uno de sus magistrados, Antonio Narváez, esgrimiendo que sus mandatos están caducados y que tendrían interés directo en paralizar la reforma porque serían reemplazados por los candidatos nominados por el Gobierno, –el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.
Pero la realidad es que sus mandatos no están caducados sino prorrogados al amparo del art. 17.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que les obliga a no abandonar sus puestos en tanto no hayan sido sustituidos. Además, no son los únicos cuyos mandatos se encuentran en este punto desde el pasado 12 de junio; también lo están el del vicepresidente Juan Antonio Xiol y el magistrado Santiago Martínez-Vares. Si se optaba por recusar a los dos primeros como pedía Podemos, debía recusarse también a los otros dos, lo que supondría la pérdida de quorum que en el TC está establecida en ocho magistrados, cuyos votos son necesarios para sacar adelante cualquier votación.
¿Y ahora qué?
El Alto Tribunal ha acordado por 6 votos de la mayoría conservadora frente a los 5 del bloque progresista, admitir las cautelarísimas del PP y suspender de forma urgente la tramitación en el Senado.
Contra la decisión del TC no cabe recurso, el tribunal de garantías es el árbitro de los poderes del Estado y sus decisiones son de obligado cumplimiento. Ahora, el Congreso y Senado tienen un plazo de diez días para pedirle al Tribunal que levante la concesión de la medida cautelar.
¿Qué implica esto en realidad?
La decisión del TC ha paralizado la reforma exprés que Pedro Sánchez quería aplicar antes del fin de año y demuestra que aún existen contrapesos a la deriva autoritaria del Gobierno. Pero, ojo, lo único que se ha parado es la primera fase del asalto de Sánchez.
En el Senado sigue adelante la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y la reforma del de malversación cuya aprobación se ratificará el próximo jueves en votación en la Cámara alta. El TC no se ha pronunciado al respecto.
Por otro lado, lo ocurrido con el tribunal de garantías no es sino una muestra más de la politización extrema que sufre la Justicia española. Y, lo que es peor, visibiliza que el TC está integrado por cinco magistrados que están a favor de saltarse las normas para aprobar las leyes que se le antojen al Gobierno de turno –los cinco que votaron en contra de admitir el recurso del PP–.
El CGPJ, un órgano bloqueado y al servicio del PP y del PSOE
Lo ocurrido con el tribunal de garantías está directamente relacionado con el sistema de elección de los miembros del CGPJ, actualmente en funciones y cuyos 20 vocales son propuestos por el Congreso y el Senado.
Pese a que en 2011 el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo la mayoría absoluta para cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo tal y como había prometido que haría en campaña, decidió no hacerlo alargando una situación que continúa todavía hasta hoy.
El hecho de que los miembros del órgano de gobierno de los jueces estén elegidos por la propia Carrera Judicial, en razón a sus méritos y capacidades, sería una garantía para que los vocales no siguiesen directrices políticas a la hora de adoptar decisiones.
