La exvicepresidenta del Gobierno, exministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, facilitó un nuevo destino profesional a José Antonio Marco Sanjuán tras su salida como presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en pleno estallido de un escándalo por presuntas comisiones ilegales.

Según ha avanzado El Debate, el antiguo alto cargo pactó su dimisión después de varias conversaciones en las que puso como condición poder elegir su futuro dentro de la Agencia Tributaria. Finalmente, su traslado se concretó en Valencia, donde actualmente trabaja como inspector en el área de Inspección de la Delegación Especial. El propio Marco Sanjuán habría argumentado su deseo de abandonar Madrid para «ganar calidad de vida».

Su renuncia se produjo el 17 de junio de 2025, tras la publicación de diversas informaciones que apuntaban a una supuesta trama de cobros irregulares a empresarios a cambio de resoluciones favorables en procedimientos fiscales. Días antes, en un audio, el entonces responsable del TEAC se mostraba reacio a abandonar el puesto, asegurando que solo se iría si era cesado. Sin embargo, acabó aceptando su salida tras negociar las condiciones.

Meses después, la situación judicial dio un giro relevante. La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra él y otras quince personas por un presunto delito de cohecho. Las investigaciones apuntan a que habría recibido dinero en efectivo para influir en decisiones relacionadas con expedientes tributarios de gran cuantía.

Uno de los momentos clave del caso se produjo cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró su vivienda en Valladolid por orden judicial. Durante la operación, los agentes hallaron efectivo oculto entre libros, en su mayoría manuales especializados en derecho económico y tributario.

Entre los episodios investigados figura el supuesto pago de 100.000 euros por parte de un empresario a cambio de que se anulara una reclamación fiscal. Según los testimonios recabados, las entregas se realizaban en encuentros discretos, a menudo en cafeterías próximas a su entorno laboral, con cambios de ubicación para evitar ser detectados.

Las sospechas no se limitan a su etapa al frente del TEAC. También durante su anterior responsabilidad en el Tribunal Económico-Administrativo de Castilla y León se habrían producido actuaciones similares. En ese periodo, anuló sanciones relevantes, como una superior al millón de euros a una empresa vallisoletana. En ese caso, el pago no se habría efectuado en metálico, sino mediante un entramado societario.

La operativa, según las investigaciones, evolucionó con el tiempo. Inicialmente, las facturas se canalizaban a través de una sociedad vinculada al propio Marco Sanjuán, pero posteriormente se introdujeron intermediarios que emitían facturas a las empresas beneficiadas y desviaban los fondos hacia su entorno.

Pese a la gravedad de las acusaciones, desde el Ministerio de Hacienda se defendió en un primer momento la actuación del alto cargo. La propia Montero calificó las informaciones como falsas y respaldó su trayectoria, mientras que el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, aseguró en el Congreso que no existían indicios suficientes contra él.