El Ministerio del Interior ha reconocido de facto los problemas de funcionamiento de las balizas V16 apenas cinco meses después de imponer su obligatoriedad. El departamento dirigido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sacado a licitación un contrato de 4,7 millones de euros para ampliar y mantener la plataforma tecnológica DGT 3.0, de la que depende el correcto funcionamiento de estos dispositivos.
La decisión llega después de que agentes de la Guardia Civil hayan detectado fallos de cobertura en distintos puntos de España, lo que impide que las balizas transmitan correctamente las alertas de emergencia a los sistemas de navegación y aplicaciones de tráfico.
Según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, Interior admite la necesidad de reforzar la infraestructura tecnológica que sostiene el ecosistema de vehículo conectado DGT 3.0. El propio pliego reconoce la «insuficiencia de medios personales propios adecuados» para mantener y expandir el sistema.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, consideran que esta licitación confirma que la implantación de las balizas se hizo de forma precipitada. El secretario de Relaciones Institucionales de la AUGC y agente de Tráfico, Diego Madrazo, sostiene que la plataforma «tendría que haber estado preparada para el 1 de enero de 2026» y denuncia que actualmente existen zonas donde la señal «no está sirviendo absolutamente para nada».
La crítica de los agentes se centra en que el dispositivo, concebido para alertar automáticamente a conductores y plataformas como Google Maps o Waze de la presencia de un vehículo detenido en la vía, no logra transmitir correctamente la información en determinadas áreas por falta de cobertura. «La baliza es sólo una luz cara«, lamentan desde la AUGC.
El malestar en la Agrupación de Tráfico también aumenta por el contraste entre el gasto destinado a nuevas campañas y contratos tecnológicos y la situación material de muchos agentes. La AUGC denuncia que Interior ha desviado 20 millones de euros de Seguridad Vial para otros gastos mientras continúan circulando con vehículos que acumulan cientos de miles de kilómetros y averías constantes.
Las dudas sobre la eficacia de las balizas V16 se intensificaron tras la última operación salida de Semana Santa. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, se registraron 30 fallecidos en vías interurbanas y cinco peatones muertos por atropello, el peor dato de la última década en este tipo de siniestros.
La propia DGT acabó admitiendo públicamente los problemas del sistema. El director general de Tráfico, Pere Navarro, reconoció en abril que «se podía haber hecho mejor«, aunque evitó pronunciarse sobre la efectividad real de las balizas y pidió más tiempo para evaluar su funcionamiento.
El debate se produce además en un contexto de deterioro creciente de la red viaria española. Un estudio citado en el informe revela que más de 3.100 kilómetros de carreteras presentan riesgo elevado o muy elevado de accidente, mientras cerca del 11% de la red estatal sufre problemas como socavones o señalización deficiente.
Pese a ello, la DGT ha destinado en los últimos meses cientos de miles de euros a material promocional y campañas de merchandising, incluyendo contratos para abanicos, gorras y bolígrafos.
