El Tribunal de Cuentas ha señalado al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, por forzar a la Guardia Civil a operar embarcaciones “más allá de su vida útil”, situación que limita la eficacia de sus misiones de vigilancia marítima, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, según publica OkDiario.
Según el Informe de Fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023, a principios de 2025 el 47% de las embarcaciones ya estaban operando fuera de su periodo teórico de vida útil. En algunas categorías críticas para la vigilancia, el 83% de las naves superaba este límite, provocando tasas de inoperatividad superiores al 50% en esas unidades.
El Tribunal advierte que estos barcos antiguos generan problemas mecánicos frecuentes, incrementan los costes de mantenimiento —que ascendieron a 15,6 millones de euros en 2023— y son menos eficientes en combustible, sumando 9,6 millones adicionales. La falta de Presupuestos Generales del Estado ha complicado la adquisición de nuevas embarcaciones, llevando a la contratación de servicios auxiliares mediante procedimientos de emergencia por 18,76 millones de euros, práctica considerada “no acorde con la normativa”.
El informe también menciona que se utilizan embarcaciones procedentes de actividades delictivas, como lanchas semirrígidas o motos náuticas, autorizadas por la justicia, aunque su capacidad operativa es limitada.
“El estado de las embarcaciones del Servicio Marítimo condiciona la operatividad de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con unidades operando al límite y parte de su tiempo dedicado a misiones fuera de aguas territoriales de España”, concluye el documento.
