El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que el Gobierno detectó un aumento de las entradas ilegales en Ceuta durante los días inmediatamente anteriores a la crisis migratoria del 30 de julio, aunque ha defendido que aquellos datos se interpretaron entonces como un fenómeno «muy habitual» durante el verano.

Durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, Marlaska admitió que Interior estaba analizando ya «mayores entradas de menores» durante aquella semana y que la situación generaba «preocupación».

«Los días previos de esa semana ya estábamos estudiando mayores entradas de menores, lo cual era una preocupación», afirmó. El propio ministro cifró en alrededor de 1.000 las personas que habían entrado durante los siete días anteriores a la avalancha.

Pese a ello, sostuvo que esa cifra podía encajar dentro de los incrementos estacionales registrados habitualmente durante los meses estivales. «Es un número importante, sin duda. Pero es también muy habitual en las épocas de verano», aseguró.

Marlaska dice que era «difícil de imaginar»

El titular de Interior insistió en que no existió ningún informe que anticipara una entrada masiva semejante. «Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo similar, teniendo en cuenta lo que sucedió en 2021, se habría elevado al nivel de las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias», argumentó.

Marlaska contrapuso las aproximadamente 1.000 entradas registradas durante la semana anterior con las decenas de miles que accedieron posteriormente en una sola jornada.

El Gobierno ha manejado una cifra de alrededor de 70.000 llegadas el 30 de julio, mientras otras estimaciones difundidas sobre la crisis elevan el número hasta cerca de 80.000. «Creo que, para cualquier análisis, podemos concluir razonablemente que es algo extraordinario, excepcional y evidentemente difícil de imaginar», afirmó el ministro.

Contradicciones dentro del Gobierno sobre los avisos previos

Las explicaciones de Marlaska llegan después de las diferencias públicas surgidas entre Interior y Defensa sobre la información disponible antes de la crisis. El ministro aseguró que «no hubo ningún informe» relativamente similar a lo que finalmente ocurrió.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, había señalado previamente en el Congreso que los servicios de inteligencia «dieron la información requerida».

Ambas afirmaciones no son necesariamente incompatibles —una cosa es que existieran informes de inteligencia y otra que anticiparan exactamente una entrada de tal magnitud—, pero han alimentado el debate sobre qué conocía realmente el Gobierno antes del 30 de julio y cómo interpretó las señales disponibles.

Rechaza que la sentencia sobre las devoluciones fuera determinante

Marlaska negó además que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las conocidas como devoluciones en caliente fuese la causa principal de la entrada masiva. El Supremo estableció que estas devoluciones sólo podían practicarse sobre quienes intentaran superar elementos físicos de contención fronteriza, como las vallas.

En el ámbito marítimo, la sentencia apuntaba a la necesidad de disponer de elementos de contención que delimitaran y protegieran la frontera. Tras la crisis, el Gobierno aceleró precisamente la instalación de boyas y otros elementos en el mar.

Marlaska sostiene, no obstante, que detrás de los acontecimientos del 30 de julio hubo «muchas causas diversas y diferentes instrumentalizaciones» y no únicamente la resolución judicial.

La incógnita que permanece abierta es por qué un aumento que Interior consideró suficientemente relevante como para reforzar la Guardia Civil y reconocer una «preocupación» por la llegada de menores fue interpretado al mismo tiempo como un fenómeno propio del verano apenas unos días antes de la mayor crisis migratoria sufrida por Ceuta.