Nueva amenaza sin precedentes de Marruecos contra aguas españolas. El régimen de Mohamed VI está reforzando su presencia económica en el Atlántico mediante acuerdos con grandes compañías energéticas internacionales para explorar los recursos naturales del entorno del Sáhara Occidental. Una estrategia que amenaza con complicar las reclamaciones marítimas de España y que afecta especialmente a Canarias, donde existen importantes expectativas de riqueza minera y energética. Todo ello mientras el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su apuesta por el entendimiento diplomático con Rabat.

El exmilitar y especialista en seguridad Ramón Cuerda Riva ha advertido de esta situación en un artículo publicado en Escudo Digital, en el que denuncia que Marruecos está aprovechando la falta de una respuesta suficientemente firme de España para consolidar sus aspiraciones territoriales. Según su análisis, el Ejecutivo marroquí pretende convertir sus reivindicaciones marítimas en una realidad económica mediante la participación de inversores extranjeros.

Uno de los principales puntos de conflicto es el Monte Tropic, una montaña submarina situada al suroeste de Canarias, en el área de ampliación de la plataforma continental solicitada por España ante Naciones Unidas. Este enclave presenta importantes concentraciones de minerales estratégicos, entre ellos telurio, cobalto y otros elementos fundamentales para la fabricación de tecnologías avanzadas, baterías y dispositivos vinculados a las energías renovables.

Las estimaciones recogidas por Cuerda Riva atribuyen al Monte Tropic un potencial económico superior a los 90.000 millones de euros. A ello se añadirían las expectativas de hidrocarburos en distintas áreas del Atlántico próximas al Sáhara Occidental, que el experto cifra en más de 40.000 millones de euros. Estas cantidades representan valoraciones potenciales, no reservas comerciales confirmadas ni ingresos garantizados.

Marruecos incorpora a Israel, Italia, Catar y Reino Unido a sus proyectos energéticos

La ofensiva económica de Rabat no se limita a sus propias empresas públicas. Marruecos está utilizando acuerdos de exploración con compañías internacionales para atraer inversiones y reforzar su posición en el Atlántico. Entre las operaciones destaca la participación de la israelí NewMed Energy en el proyecto Boujdour Atlantique, desarrollado junto a Adarco Energy y la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas marroquí.

El acuerdo contempla la exploración de una extensa zona marítima frente a las costas del Sáhara Occidental. La entrada de capital israelí añade una dimensión geopolítica a las operaciones, especialmente después del acercamiento diplomático entre Marruecos e Israel. Al mismo tiempo, Rabat ha impulsado proyectos de exploración energética con participación de otras compañías extranjeras, entre ellas la italiana ENI, la catarí QatarEnergy y operadores británicos como Chariot y Europa Oil & Gas.

Para el especialista, esta internacionalización persigue un objetivo que va más allá del descubrimiento de petróleo o gas. Cuantas más empresas extranjeras tengan intereses económicos asociados a los permisos marroquíes, más compleja podría resultar cualquier negociación futura sobre los espacios marítimos afectados. De esta forma, Marruecos buscaría transformar una controversia jurídica y territorial en un entramado de inversiones con repercusiones internacionales.

Las leyes marítimas de Mohamed VI agravan el conflicto con España

El origen de una parte importante de las tensiones se encuentra en 2020, cuando Marruecos aprobó una reforma de su legislación marítima que extendía sus pretensiones sobre las aguas adyacentes al Sáhara Occidental. Esta decisión abrió un nuevo escenario de controversia con España, especialmente por los posibles solapamientos entre las reclamaciones marroquíes y la ampliación de la plataforma continental solicitada por Madrid.

Sin embargo, la aprobación unilateral de una legislación nacional no supone por sí misma el reconocimiento internacional de esos límites marítimos. El derecho del mar establece procedimientos específicos para delimitar las zonas en disputa, mientras que el estatuto jurídico del Sáhara Occidental continúa pendiente de resolución.

A esta situación se añade la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha reconocido la condición separada y distinta del Sáhara Occidental respecto de Marruecos y ha establecido exigencias relativas al consentimiento del pueblo saharaui en los acuerdos que afectan a su territorio y sus aguas. Estas resoluciones complican jurídicamente la explotación de determinados recursos bajo acuerdos internacionales que ignoren dicha condición.

El giro de Sánchez sobre el Sáhara y las consecuencias para Canarias

El cambio de posición del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental constituye otro de los elementos centrales de las críticas. En 2022, Pedro Sánchez respaldó la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, creíble y realista para resolver el conflicto, una decisión que modificó significativamente la postura mantenida tradicionalmente por España.

Cuerda Riva considera que aquel acercamiento redujo la capacidad negociadora de Madrid frente a Rabat. A su juicio, el Ejecutivo español ha priorizado la cooperación bilateral en cuestiones migratorias, antiterroristas y de seguridad fronteriza, dejando en un segundo plano la defensa de determinados intereses económicos en el Atlántico.

Mientras tanto, la delimitación de las aguas entre ambos países continúa siendo una cuestión pendiente. Las conversaciones diplomáticas no han dado lugar a un acuerdo definitivo que resuelva todas las reclamaciones contrapuestas, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de determinados recursos naturales próximos al archipiélago.

Una controversia que podría heredar el próximo Gobierno

La principal preocupación planteada por el exmilitar se refiere a las consecuencias a largo plazo de esta estrategia. Si Marruecos consigue consolidar una amplia red de contratos de exploración y futuras explotaciones comerciales, cualquier Ejecutivo español que pretenda cuestionar esas actividades podría encontrarse con intereses empresariales internacionales que dificultasen las negociaciones.

El especialista advierte de que un eventual Gobierno de PP y Vox podría tener que afrontar un escenario diplomático más complejo, marcado por la presencia de multinacionales y la posibilidad de controversias legales sobre las inversiones realizadas. No obstante, la existencia de licencias otorgadas por Rabat no implica automáticamente que España esté obligada a indemnizar a sus titulares si posteriormente se produce una disputa sobre la delimitación marítima.

La cuestión adquiere especial relevancia por la creciente importancia mundial de las materias primas críticas y la necesidad europea de diversificar sus fuentes de suministro. En este contexto, el Atlántico próximo a Canarias se perfila como un espacio de interés estratégico tanto para España como para Marruecos.

El desafío para España consiste en defender sus derechos marítimos sin dar por resuelta una delimitación que continúa abierta. Para Cuerda Riva, la falta de avances tangibles frente a las iniciativas económicas marroquíes corre el riesgo de dejar a futuros gobiernos una controversia territorial cada vez más difícil de gestionar, con consecuencias potenciales para el desarrollo energético e industrial de Canarias.