VOX ha denunciado este viernes, un día después de que el Congreso aprobaraa de forma definitiva la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley de ‘solo sí es sí’, que esta norma esconde la concesión de «más dinero para las asociaciones feministas», una «intromisión en la educación» o que los jueces sean «sustituidos por trámites».
Tal y como ha explicado la formación, su presidente, Santiago Abascal, advirtió «hasta minutos antes de la votación» de la ley que se trata de una norma «ideológica y sectaria, que busca ahondar más el enfrentamiento entre hombres y mujeres, y que no va a salvar a ninguna mujer».
A su juicio, bajo la falsa excusa de proteger a las mujeres de las agresiones sexuales, impone obligaciones a todos los sectores sociales, lo que, en su opinión, servirá como coartada para poder supervisar desde el Consejo de Ministros a la población española.
Para VOX, Montero pone la ley al servicio del movimiento feminista desde los principios rectores porque en el diseño, aplicación y evaluación de los servicios y las políticas públicas previstas en esta ley orgánica, se garantiza la participación de las asociaciones y organizaciones del movimiento.
Del mismo modo, critica que la ley supone «la integración de contenidos sobre educación sexual e igualdad de género y educación afectivo-sexual para el alumnado» y que esta sea «en todos los niveles educativos» y «siempre bajo la amenaza de inspección».
Desde VOX apuntan que esto «constituye una imposición totalitaria de tales contenidos educativos, en un ataque brutal al derecho de los padres a que la educación de sus hijos se desarrolle con respeto a sus propias convicciones».
Pero, además, advierten de que la Ley ‘solo sí es sí’ exige el cumplimiento de formación en relación con la violencia sexual, la acreditación de centros y títulos universitarios. Con esto, según ha apuntado VOX, no solo se profundiza en el «ataque a la libertad y calidad de la enseñanza», sino que «abre la puerta» a la «creación de más chiringuitos feministas«.
Por otra parte, VOX alerta de que esta norma recoge que no serán los jueces quienes determinen si se ha producido o no violencia sexual, sino que entra en vigor la posibilidad de que las situaciones de violencias sexuales se puedan acreditar mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia sexual de la Administración Pública competente, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora; o por cualquier otro título. Y en el caso de víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse, además, por documentos sanitarios.
