El PSOE extremeño vuelve a estar asolado por un presunto caso de corrupción. La paz interna en la federación dura poco: una nueva denuncia amenaza con abrir un frente judicial y orgánico dentro del partido. Juan Francisco Dávila, exconcejal socialista en Don Benito entre 2015 y 2021, ha remitido un escrito a la dirección federal en el que solicita una investigación por un presunto fraude en el censo de militantes de su agrupación y plantea incluso que Ferraz acuda a los tribunales ordinarios por hechos que, según él, podrían constituir delitos tipificados en el Código Penal.

El documento, adelantado por The Objective, apunta directamente al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, a quien acusa de haber hecho caso omiso de advertencias previas sobre supuestas manipulaciones en las fechas de afiliación de nuevos miembros para incluirlos en un censo ya cerrado. Dávila sostiene que la dirección federal fue informada por varios militantes mediante burofax hace más de un año y que, desde entonces, no ha habido respuesta.

Según su relato, las presuntas irregularidades se habrían producido justo antes del cierre del censo del 1 de junio de 2024, fecha previa al congreso local en el que debía elegirse una nueva ejecutiva tras la dimisión del exalcalde José Luis Quintana como secretario general. Dávila denuncia que en aquellas semanas se produjo un «aumento anómalo» de afiliaciones, algunas de personas que ni siquiera residían en la comarca, con el propósito de influir en el resultado del proceso interno.

El exedil asegura además que varias de esas altas se formalizaron «a espaldas de la agrupación» y fuera de los plazos reglamentarios, lo que, a su juicio, vulnera las normas internas del partido y podría constituir falsedad documental. Cita dos casos concretos de inscripciones presentadas casi una semana después del cierre censal por el entonces vicesecretario general, Manuel Gómez Parejo, actual diputado provincial y dirigente de la ejecutiva del PSOE en Badajoz. Dávila tenía previsto enfrentarse a él en las primarias locales, pero desistió tras detectar lo que califica como «maniobras fraudulentas».

El conflicto interno estalló en julio del año pasado, cuando más de la mitad de la ejecutiva local presentó su dimisión en bloque, lo que forzó la destitución de Quintana y la creación de una gestora bajo su tutela indirecta. Quintana, actual delegado del Gobierno en Extremadura, también figura en otra denuncia presentada ante la Agencia Tributaria el pasado 5 de agosto por supuestos pagos irregulares dentro de la agrupación socialista de Don Benito.

Ese escrito, remitido al fisco, apuntaba a la existencia de sobresueldos y cheques mensuales no declarados, presuntamente entregados a varios responsables locales del partido. Según la denuncia, dichas cantidades no habrían sido comunicadas ni por los beneficiarios ni por el propio PSOE a la Hacienda pública. Paradójicamente, Quintana, como delegado del Gobierno, es el máximo responsable del propio organismo en Extremadura. Fuentes socialistas aseguran, sin embargo, que ese expediente ya habría sido archivado.

En su nuevo escrito a Ferraz, Dávila reclama que se esclarezcan las «irregularidades sistemáticas» en el censo de militantes de Don Benito y advierte de que su alteración «perjudicó a unos afiliados en beneficio de otros», lo que, subraya, encajaría en los delitos de falsedad en documento privado recogidos en los artículos 395 y 396 del Código Penal. «El partido debe demostrar que su compromiso con la transparencia empieza por sus propias agrupaciones», concluye el denunciante.