Más de un millón de euros de fondos públicos perdidos en una red de favores que habría funcionado al margen de los procedimientos legales durante la etapa del PSOE al frente de la Junta de Andalucía. El juez José Ignacio Vilaplana ha dejado a 18 antiguos altos cargos socialistas a las puertas del juicio por presuntos delitos de prevaricación y malversación relacionados con el rescate mediante fondos públicos del Grupo TPM, una compañía que atravesaba graves dificultades económicas.
La investigación, avanzada por Abc, forma parte de una pieza separada de la macrocausa sobre los avales concedidos por la antigua Agencia IDEA. En un auto de 69 páginas, fechado el pasado 27 de julio, el magistrado acuerda continuar las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado, paso previo a una eventual apertura de juicio oral. Entre los procesados figura el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, además del exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el antiguo jefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz.
El centro de la causa es un aval de 1,19 millones de euros concedido por IDEA a Inversiones Plásticas TPM SL, dedicada a la fabricación de plásticos agrícolas. La sociedad se encontraba en concurso voluntario de acreedores desde enero de 2005, pero, pese a su delicada situación financiera, recibió el respaldo de la Administración autonómica. Según el juez, la operación fue autorizada de manera «arbitraria e injustificada».
La resolución sostiene que no existió una solicitud previa de la compañía ni una convocatoria pública y tampoco consta una evaluación de la capacidad de TPM para devolver el dinero en caso de ejecución del aval. El magistrado describe el conjunto de actuaciones como una «ilícita y progresiva inyección continuada» de recursos públicos y señala que los responsables de IDEA conocían las dificultades existentes para recuperar las cantidades comprometidas.
El respaldo mediante el aval no fue la única aportación pública. Meses antes, en julio de 2008, la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo había autorizado otros 1,5 millones de euros, procedentes del programa presupuestario vinculado a los ERE, destinados a hacer frente al pago de las nóminas de la empresa. En menos de un año, las diferentes ayudas concedidas al grupo superaron así los 2,5 millones.
El problema para las arcas autonómicas se materializó cuando TPM dejó de atender las cuotas del préstamo. En febrero de 2012, IDEA tuvo que afrontar la deuda pendiente con BBVA, provocando, según la investigación, un perjuicio de 1.003.763,14 euros. Un informe previo de la UCO también señaló que no constaba un seguimiento sobre el destino de los fondos ni la aportación de justificantes correspondientes a las disposiciones del préstamo.
Vilaplana considera que los avales habrían sido empleados como un mecanismo para canalizar dinero público hacia la mercantil sin una justificación técnica, financiera o jurídica suficiente. Según recoge el auto, en la concesión de las ayudas habrían pesado «razones, no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo», pese al riesgo que suponía respaldar el 100% de un préstamo concedido a una sociedad en situación concursal.
Una de las defensas, la de Francisco del Río, solicitó el archivo al considerar prescritos los posibles delitos por el tiempo transcurrido desde la autorización de 2009. El instructor, sin embargo, rechaza esta tesis y sitúa la consumación de la presunta malversación en el momento en el que se produjo efectivamente el quebranto patrimonial por la ejecución del aval. El magistrado también invoca la legislación europea y los compromisos internacionales contra la corrupción para sostener que las normas procesales no pueden generar «espacios de impunidad» en investigaciones relacionadas con el uso irregular de fondos públicos.
