Un total de 1.170 menores inmigrantes llegados de forma ilegal a España han alcanzado la mayoría de edad, quedando en un limbo legal y fuera del control efectivo de las instituciones. La cifra refleja el colapso de un sistema incapaz de gestionar el flujo migratorio.
Estos inmigrantes, que hasta los 18 años estaban bajo el sistema de protección de menores, pasan automáticamente a un régimen general, lo que en la práctica supone que muchos acaben en la calle o dependiendo de unos servicios sociales saturados, especialmente en territorios como Canarias, Ceuta o Melilla.
A pesar del rechazo, el Gobierno prevé aprobar una nueva prórroga del reparto forzoso (alentando así el «efecto llamada». La medida obligará a las autonomías a acoger menores en un contexto de saturación de recursos.
Mientras tanto, la realidad sobre el terreno se impone: miles de inmigrantes que entraron en España siendo menores quedan ahora sin control administrativo, en un escenario que evidencia la falta de una política migratoria coherente y el desgaste de un modelo que ya no responde a la magnitud del desafío.
