Más de 200.000 inmigrantes ilegales han comenzado ya su proceso de «regularización» en España, según los datos oficiales que confirmó el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, durante una entrevista en la Cadena Ser, en Barcelona.
Distintas fuentes confirman que solamente durante los primeros días tras la apertura del plazo, el pasado 16 de abril, se recibieron aproximadamente 130.000 solicitudes en los registros oficiales, que proporcionaron más de 55.000 citas presenciales.
El plazo para presentar las solicitudes termina, en principio, el próximo 30 de junio. La voluntad del Gobierno de Sánchez es facilitar la «regularización» de los aproximadamente 500.000 inmigrantes que están en situación de ilegalidad, aunque la cifra final puede ser de más de 1,5 millones.
Si los inmigrantes ilegales tienen familiares (ascendientes de primer grado, cónyuges o parejas registradas) que formen parte de sus «unidades de convivencia» pueden solicitar también sus autorizaciones, que se resolverán de manera simultánea a la de los solicitantes. De ahí que sea muy previsible que la cifra final de personas regularizadas sea muy superior a la previsión inicial del Gobierno.
Los inmigrantes ilegales que quieran acogerse a esta regularización extraordinaria tendrán que ser mayores de edad y haber entrado en España antes del 1 de enero de 2026. También tendrán que acreditar que han permanecido cinco meses consecutivos en España al presentar la solicitud. Para demostrar la estancia por cinco meses en nuestro país sirve «cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar la identidad».
Uno de los aspectos más polémicos de este proceso consiste en que los interesados «no deben representar una amenaza para el orden, la seguridad o la salud públicos, lo que se debe acreditar con la inexistencia de antecedentes penales, pero la existencia de antecedentes “no supondrá por sí misma y de forma automática causa de denegación de la autorización”, según reconoce el propio Gobierno.
Además, los inmigrantes ilegales que reciban una resolución negativa a su proceso de regularización, permanecerán en España tal y como estaban, es decir, en situación ilegal, ya que el Gobierno socialista descarta expulsar a quienes no obtengan los papeles tras haber iniciado el trámite, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Además de expresar el deseo de trabajar en España, existe de facto un «coladero» para lograr la regularización, que es poder acreditar una situación de vulnerabilidad, algo que pueden certificar entidades de servicios sociales o del tercer sector que estén inscritas en el registro electrónico de colaboradores de Extranjería.
La petición de regularización se puede presentar de manera presencial en las oficinas de Correos, en la Seguridad Social y en las oficinas de Extranjería. En el caso de solicitudes que lleguen incompletas, se hace un requerimiento al interesado para que aporte lo que falte en un plazo de 15 días. El mes siguiente a la concesión del permiso, el inmigrante está obligado a tramitar su tarjeta de identidad, la TIE.
Solamente VOX ha mostrado una oposición frontal
Finalmente, y en una respuesta parlamentaria del pasado 30 de abril, el Gobierno declaró como «secretos o reservados» todos los documentos necesarios para el «planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdos y convenios» relacionados con el proceso de «regularización» extraordinaria de inmigrantes ilegales; esto introduce un indudable criterio de discrecionalidad y de opacidad en la gestión de este asunto.
Dentro del arco parlamentario nacional, solamente VOX ha mostrado una oposición frontal respecto a este proceso de regularización. La Eurocámara debatió este miércoles una petición realizada por ciudadanos particulares de España contra Decreto de regularización masiva debido a su incompatibilidad con el artículo 5 del Convenio de Schengen, exigiendo la repatriación de los inmigrantes ilegales. El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, pidió que la petición se mantenga abierta.
Además, el eurodiputado ha criticado que el decreto regularice a cientos de miles de personas sin verificar sus antecedentes en el país de origen, y que además lo haga a través de expedientes de vulnerabilidad elaborados por ONG financiadas por el propio Gobierno.
Asimismo, Buxadé ha afirmado que estos inmigrantes ilegales pasan a «vivir directamente de los impuestos de la España productiva. Suben los precios de los pisos y bajan los salarios, en una maniobra política de Sánchez para alterar el censo electoral y preparar un gran fraude en las próximas elecciones de 2027″.
