El Ayuntamiento de Sant Cugat ha detectado que 324 personas extranjeras se han empadronado en la ciudad entre finales de julio y el 18 de agosto, siguiendo un mismo patrón que ha levantado sospechas. Según explicó el alcalde Josep Maria Vallès en declaraciones a RAC1, la mayoría procedían de India y Pakistán, acudían en grupos reducidos de cuatro o cinco, iban acompañados de traductor y presentaban contratos de alquiler que, en muchos casos, resultaron ser falsificados.
Las sospechas llevaron al consistorio, gobernado por Junts y ERC, a suspender temporalmente el 18 de agosto la tramitación de nuevas altas en el padrón. Aun así, desde esa fecha hasta ahora se han detectado alrededor de 50 casos adicionales con idéntico procedimiento. Para el alcalde, «todo apunta hacia una red organizada, posiblemente una mafia, que se dedica de manera profesional a tramitar empadronamientos irregulares a personas que no residen en el municipio».
El consistorio ha puesto en marcha inspecciones individualizadas con la ayuda de la Policía Local. En una decena de investigaciones ya cerradas se confirmó que los contratos eran falsos y que los supuestos inquilinos no vivían en los domicilios aportados. El proceso, sin embargo, es lento y complejo: los técnicos municipales deben acudir varias veces a cada dirección, en diferentes horarios, para comprobar si realmente alguien reside allí. Por ley, el Ayuntamiento dispone de hasta tres meses para verificar los datos y emitir una resolución definitiva.
La información sobre los documentos de alquiler falsificados ha sido trasladada también a la Policía Nacional, ya que la competencia en materia de extranjería no recae en los ayuntamientos. Vallès aprovechó la ocasión para reclamar que Cataluña disponga de esas atribuciones con el objetivo de agilizar la gestión de casos como este. «El padrón debe reflejar quién vive en Sant Cugat de verdad», insistió.
La polémica sobre el registro municipal de habitantes, sin embargo, no es nueva en la ciudad. Jordi Puigneró, teniente de alcaldía de Bon Govern (Junts), ha acusado a la CUP de «mala praxis» durante el anterior mandato municipal. Según él, el tripartito redujo al mínimo las bajas en el padrón, lo que obligó al actual gobierno a dar de baja de golpe a unas 4.000 personas que ya no residían en la localidad. Además, denunció que en la Casa Mónaco —espacio destinado a empadronar a personas vulnerables o sin hogar— había casi 600 inscritos, cifra que luego se rebajó a 405 tras comprobar que muchos no cumplían los requisitos.
