Las autoridades no tienen capacidad suficiente para desguazar los múltiples cayucos que han llegado a España en la avalancha de inmigrantes que está sufriendo el país en los últimos meses.
Así lo manifiesta un documento del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior al que ha tenido acceso Vozpópuli.
«En la actualidad existen aproximadamente 300 embarcaciones pendientes de ser destruidas, y que ocupan espacios en playas, costas y puertos, ocasionando graves perjuicios tanto al tráfico marítimo interinsular como al medioambiente», detalla el documento del CITCO.
El texto explica que varios organismos participan en la destrucción de estas embarcaciones, pero todos ellos se encuentran desbordados ante la crisis migratoria que atraviesa Canarias.
«Actualmente el depósito de las mencionadas embarcaciones intervenidas supone un grave problema de seguridad, por lo que es necesario recogerlas de las instalaciones o depósitos habilitados para tal fin por las Autoridades correspondientes, y una vez obtenidas las autorizaciones judiciales o administrativas necesarias, llevarlas al punto de destrucción para proceder a su eliminación definitiva», detalla el CITCO.
Para la destrucción de estas embarcaciones se va a recurrir a la contratación de una empresa especializada, a través de un contrato público para el que se ha reservado una partida cerca a los 60.000 euros (sin incluir impuestos).
«En el caso de Gran Canaria, por la destrucción de cada embarcación de madera o fibra se abonarán 595 y 790 euros, respectivamente, siempre que no alcancen los seis metros. Si superan esa longitud, se abonará un suplemento de 40 o 50 euros —en función del material— por cada metro adicional. Las cifras son aún mayores en Tenerife: 695 y 890 euros para las embarcaciones de madera y fibra, con el mismo suplemento de 40 o 50 euros por cada metro adicional por encima de los seis. En ambos casos, la destrucción de los motores se hará a coste cero», detalla Vozpópuli.
