La mayoría de quienes ha comparecido en la sala mantienen o han mantenido algún vínculo con la Diputación de Badajoz, con el PSOE o con ambos. Esa es una de las principales conclusiones que deja la lista de testigos del juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en el organismo provincial.
El proceso entra este lunes en su tramo final con la exposición de los informes de las acusaciones y las defensas. Tras cuatro sesiones de declaraciones, la Audiencia Provincial ha escuchado a 42 testigos. De ellos, 23 han ocupado cargos en la diputación o dependen laboralmente de ella, como ocurre con varios directores de conservatorio.
La cifra aumenta hasta 25 si se incorporan otros dos perfiles relacionados con el entorno socialista o con la institución: Estrella Gordillo, militante del PSOE y exdiputada citada por la defensa de Miguel Ángel Gallardo, y Nerses Avakimyan, aspirante al puesto de David Sánchez y actualmente profesor de violín en el Conservatorio Profesional Juan Vázquez, dependiente de la diputación.
El resultado deja una fotografía significativa del juicio: más de la mitad de los testigos tiene o ha tenido relación con la administración que creó la plaza investigada o con el partido que la gobernaba entonces y la sigue gobernando ahora.
La presencia de personal vinculado a la diputación ha sido muy amplia. Han pasado por la sala responsables de Presidencia, Recursos Humanos, servicios jurídicos, intervención, cultura, tecnología y representantes sindicales. El bloque de Recursos Humanos ha sido especialmente relevante, ya que la causa analiza la creación, adjudicación y posterior modificación de una plaza pública.
Entre los nombres más destacados figura Ramón Díaz Farias, actual vicepresidente tercero de la diputación y alcalde de Villanueva del Fresno. Se trata de un dirigente con peso dentro del PSOE extremeño, que llegó a presentar su precandidatura para liderar el partido tras la dimisión de Gallardo. Aunque no reunió los avales necesarios, terminó integrado en la nueva ejecutiva encabezada por Álvaro Sánchez Cotrina.
También declaró Julián Expósito, que fue director del área de Presidencia y Relaciones Institucionales durante buena parte de la etapa de Gallardo al frente de la institución provincial. Está considerado una persona próxima al exlíder socialista extremeño.
En el área de Recursos Humanos comparecieron, entre otros, Cristina Correa y Francisco Flores. La primera es un perfil vinculado al PSOE y, según fuentes conocedoras de la diputación, próximo al entorno de Guillermo Fernández Vara. Flores, por su parte, es un conocido socialista en Badajoz y llegó a ser candidato a la alcaldía.
El departamento de Cultura también tuvo presencia en el juicio. Declaró José María Sánchez, jefe provincial de Bibliotecas y exalcalde socialista de La Coronada. A ese ámbito se suman, de forma indirecta, los directores de conservatorio Evaristo Valentí, Yolanda Sánchez y Rosario Mayoral, que negaron haber pedido una plaza como la que acabó ocupando David Sánchez. Según explicaron, sus necesidades eran otras, como la contratación de un pianista o de un gestor de redes sociales.
Fuera del bloque institucional, una de las testigos más relevantes fue Estrella Gordillo. Compareció a petición de la defensa de Gallardo para respaldar la tesis de que el exdirigente socialista no mantenía una relación estrecha con Pedro Sánchez durante el periodo en que se impulsó la plaza, ya que ambos habrían estado en bandos distintos en las primarias socialistas entre 2016 y 2017.
Ese argumento, sin embargo, contrasta con distintas publicaciones en redes sociales difundidas hasta aproximadamente un año antes de la creación del puesto, en las que Gallardo y el presidente del Gobierno aparecen interactuando con un tono de cercanía.
Si se dejan fuera los 25 testigos relacionados con la diputación o el PSOE, quedan 17 comparecientes. Nueve son guardias civiles, entre ellos el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que señaló a Gallardo como impulsor de la plaza de David Sánchez. Otros tres están vinculados a la Agencia Tributaria.
De los cinco restantes, dos son amigos de Luis Carrero, exasesor de Moncloa también contratado en la diputación, y fueron llamados por su defensa para acreditar su relación personal con David Sánchez.
En realidad, al margen de cargos institucionales, socialistas, guardias civiles, peritos y allegados de Carrero, sólo quedan tres testigos procedentes de la sociedad civil. Los tres tienen un papel relevante en la causa.
Uno de ellos es Ignacio María Sánchez, empresario pacense y propietario de la vivienda por la que David Sánchez se interesó antes de realizar la entrevista que terminó con su nombramiento como coordinador de los conservatorios. Otro es Álvaro Jaén, exlíder de Podemos en Extremadura, que ya en 2017 denunció públicamente la contratación al considerarla sospechosa.
La tercera es Cristina de Frutos, directora de orquesta que también optó a la plaza. Ante el tribunal aseguró que, días antes de la entrevista, ya le habían advertido de que el puesto estaba reservado para el hermano de Pedro Sánchez. Además, relató que durante la prueba tuvo la sensación de que el tribunal apenas prestaba atención a sus respuestas.
La vista oral encara ahora su desenlace. Este lunes, a partir de las nueve y media de la mañana, las partes expondrán sus conclusiones finales y los abogados ejercerán el derecho a la última palabra. Si la sesión no concluye durante la jornada, el juicio continuará el martes, cuando quedará definitivamente visto para sentencia.
