María Martínez Allegue, consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras del Gobierno de Galicia (PP), ha anunciado la concesión de 40 viviendas públicas en régimen de alquiler en el barrio coruñés de Xuxán, una adjudicación que ha desatado una oleada de críticas tras conocerse que sólo 11 de los beneficiarios presentan nombres de apariencia española, frente a una mayoría de solicitantes con nombres de origen extranjero.
La lista provisional de adjudicatarios y reservas, publicada por el Instituto Galego da Vivenda e Solo, ha provocado un intenso debate político y social en las últimas horas. Distintos colectivos vecinales y formaciones de la oposición denuncian un reparto que, a su juicio, refleja un «desequilibrio llamativo» en el acceso a vivienda pública en uno de los desarrollos urbanísticos más recientes de La Coruña.
Según los datos difundidos, de los 40 beneficiarios seleccionados, 29 corresponden a personas cuyos nombres no son de raíz castellana o gallega, lo que representa aproximadamente el 72,5% del total. Sólo 11 figuran con nombres de apariencia claramente española, un 27,5%, una proporción que ha sido interpretada por algunos sectores como un síntoma de falta de prioridad hacia los demandantes nacionales.
Las críticas se han concentrado especialmente en redes sociales y foros vecinales, donde se cuestiona el sistema de baremación utilizado y se reclama mayor transparencia en los criterios de adjudicación. «No estamos en contra de nadie, pero la vivienda pública debería atender primero a quienes llevan años esperando aquí», señalan fuentes de una asociación de residentes del entorno.
Desde la Consejería de Vivienda han salido al paso de la polémica asegurando que el procedimiento se ha ajustado estrictamente a la normativa vigente. Fuentes del departamento que dirige Martínez Allegue recuerdan que las adjudicaciones se realizan en función de puntuaciones objetivas basadas en ingresos, composición familiar, situación de vulnerabilidad y antigüedad en los registros, sin ningún tipo de discriminación por nacionalidad u origen.
«La administración no selecciona por nombres ni por procedencias, sino por criterios sociales y económicos», subrayan desde la Xunta, que advierte además de que un nombre extranjero no implica necesariamente que la persona no sea española ni residente de larga duración en Galicia.
El caso ha llegado también al Parlamento autonómico, donde los grupos de la oposición han pedido explicaciones al Gobierno gallego y han reclamado una revisión de los mecanismos de acceso a la vivienda protegida. Algunos portavoces han alertado del riesgo de que este tipo de listas alimente discursos de confrontación y estigmatización.
Mientras tanto, el proceso sigue su curso administrativo. Las listas publicadas son provisionales y todavía cabe la presentación de alegaciones antes de que se confirmen definitivamente las adjudicaciones. En Xuxán, un barrio en plena expansión, la polémica ha reabierto un debate de fondo sobre cómo repartir un recurso escaso y cada vez más demandado como es la vivienda pública.
