Melilla, la ciudad autónoma que hace frontera con Marruecos a través de sus kilómetros de vallado fronterizo, vuelve a ser escenario de un debate que pone en evidencia las prioridades de su Gobierno (PP). La Asamblea aprobó el viernes por mayoría absoluta, con carácter de urgencia, la prórroga del servicio de atención a menores extranjeros no acompañados (menas) en el Centro Educativo Residencial Fuerte de La Purísima mediante un nuevo encargo a la empresa pública Tragsatec. La medida, defendida por la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, garantiza la continuidad de 130 puestos de trabajo para atender a unos 100 menas, un ratio que la propia responsable califica como «el mejor de España».
Sin embargo, este desequilibrio es totalmente desproporcionado y un insulto para los vecinos de Melilla, que ven cómo se destinan recursos públicos exorbitados a la acogida de menas que han cruzado ilegalmente el vallado fronterizo o han llegado a nado, mientras padecen una sanidad pública al límite, con la ratio de médicos por habitante más baja del país.
La aprobación del contrato, que entra en vigor de inmediato, no ha estado exenta de controversia. La oposición —Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Somos Melilla— se abstuvo, criticando que el documento «nace tarde y mal» y que ignora las precarias condiciones laborales de los trabajadores. VOX, por su parte, votó en contra y exigió el cierre del centro, argumentando que estos menas han entrado ilegalmente y que los recursos deberían redirigirse a servicios sociales para la población local. La consejera Mohamed replicó con vehemencia, preguntando «a dónde quiere que nos llevemos a los niños» y defendiendo el «esfuerzo» por estabilizar un servicio que lleva más de una década en manos privadas. Aunque no descartó una futura municipalización, insistió en que el encargo a Tragsatec —empresa dependiente del Ministerio de Agricultura— es la mejor opción para mediar en conflictos laborales y mejorar condiciones.
Pero el meollo del asunto radica en el despropósito del ratio: 130 profesionales —entre educadores, cuidadores, psicólogos y personal auxiliar— para apenas 100 menas. La consejera lo presenta como un logro, el «mayor ratio de España», pero ¿a qué coste? Contratos similares en el pasado dan una idea clara del dispendio. En mayo de 2024, la Asamblea aprobó un contrato de 23 millones de euros para la gestión del centro hasta 2028, cubriendo atención 24/7 para hasta 350 plazas, aunque en la práctica opera por debajo de su capacidad máxima. El nuevo encargo a Tragsatec, aprobado esta semana y con vigencia de un año, aún no ha divulgado su presupuesto exacto, pero se estima en cifras proporcionales, financiadas con fondos públicos de la Ciudad Autónoma.
Mientras tanto, el último balance del Ministerio del Interior sobre inmigración ilegal —datos acumulados del 1 de enero al 31 de octubre de 2025— revela un repunte de la presión migratoria en la ciudad autónoma por vía terrestre: 268 entradas ilegales en 2025, un incremento superior al 270% con respecto a las 72 de 2024. Estos jóvenes, en su mayoría magrebíes, cruzan el vallado en minutos o se lanzan al agua para sortear las vallas, solicitando asilo al llegar. En total, Ceuta y Melilla suman 3.262 llegadas ilegales por tierra en 2025 (+41,3% en comparación con 2024).
Este contexto agrava el contraste con las necesidades locales. Mientras La Purísima absorbe recursos ingentes para 100 menas —muchos de los cuales permanecerán hasta la mayoría de edad, con programas de integración que cuestan miles de euros por cabeza al año—, Melilla arrastra desde hace doce años la peor ratio de médicos de España: 3,69 facultativos por cada 1.000 habitantes (369 por 100.000), según datos de finales de octubre de 2025. En 2013, la cifra era de 3,36; el avance ha sido ínfimo, solo 0,33 puntos en más de una década. Esta carencia estructural genera listas de espera eternas, consultas exprés y un colapso en Atención Primaria y Especializada, con médicos exhaustos por la sobrecarga y la dificultad para atraer a nuevos sanitarios. Los melillenses, españoles de pleno derecho, ven cómo sus impuestos financian una sanidad raquítica, mientras el Gobierno local prioriza la tutela de menas que han vulnerado la frontera.
