Eran los tiempos en que el PP movilizaba a millones de españoles a manifestarse contra el matrimonio gay, el aborto o la memoria histórica. Rajoy lideraba la oposición y Zapatero promovía la nueva ingeniería social –actualizada dos décadas después con las versiones 2.0 de la coalición PSOE y Podemos– que los populares combatían en calles, parlamentos y tribunales.
Que el PP cuestionara toda la mercancía ideológica socialista fue una osadía para la prensa progresista, que llamó crispación a hacer oposición. Poco pareció importar a Rajoy, que no era, ni por asomo, cuestionado en su partido en el que ya militaban Borja Sémper, Feijoo o Soraya Sáenz de Santamaría, a los que no se recuerda rechistar por las banderas culturales que entonces izaba el PP.
Tampoco se escucharon quejas por los recursos ante el Constitucional contra el matrimonio homosexual, la presencia de Bildu en las instituciones y la ley del aborto. El tribunal –entonces presidido por Pascual Sala, de tendencia progresista– validó las dos primeras cuestiones (y eso que el Supremo avaló la ilegalización de Bildu) dejando el aborto para otro momento.
La prensa afín a Génova 13 apoyaba mayoritariamente a Rajoy. En realidad, nadie de los que hoy defienden la adaptación camaleónica del PP a los postulados de la izquierda abrió la boca. Arroparon a Mariano cuando hizo una cosa y la contraria. A eso, a estar siempre con el poder, le llaman línea editorial.
Más tarde la crisis económica azotó a España contribuyendo de manera notable a que el 20 de noviembre de 2011 Rajoy ganara las elecciones por mayoría absoluta. Lo hizo con 186 escaños, batiendo la que Aznar logró en el 2000. Era una oportunidad histórica para aplicar un programa electoral que incluía la derogación de la ley Aído, la memoria histórica, bajada de impuestos y la reforma de la ley del poder judicial, esto es, despolitizar la elección de jueces.
Con mayoría en el Constitucional favorable a Rajoy nada hacía presagiar que el recurso contra el aborto fuera archivado en un cajón. El tribunal no se pronunciaba pero el Gobierno del PP tampoco se atrevía a derogar la norma. Rajoy encontró dos coartadas: no había consenso con la izquierda y la economía era más urgente.
En cualquier caso, la cuestión del aborto erosionó al PP. Alberto Ruiz-Gallardón dimitió como ministro de Justicia porque el consejo de ministros tumbó su reforma por la presión de Sáenz de Santamaría. Además, una decena de parlamentarios y senadores reclamaron a la dirección del partido aplicar el programa de 2011, que decía así: «Cambiaremos el modelo de la actual regulación para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores». A pesar de la promesa, los diputados fueron purgados por la vicepresidenta y no repetirían en las listas en diciembre de 2015.
Los congresistas Eva Durán, Lourdes Méndez, José Eugenio Azpiroz y Antonio Gutiérrez Molina habían votado en contra de la modificación que el PP hizo de la ley Aído para que las menores sólo pudieran abortar con permiso paterno. Eso fue todo lo que Rajoy cambió de un texto que admitía el aborto libre hasta las 14 semanas.
Algunos llamaron díscolos a esos diputados que en realidad sólo pedían cumplir el programa y los estatutos del partido. Precisamente Cristina Cifuentes estuvo a punto de eliminar las referencias al humanismo cristiano durante el XVII Congreso de Sevilla en 2012. La entonces delegada del Gobierno en Madrid presentó una enmienda a la ponencia política que recogía en el punto 18 la voluntad de «tomar como referencia a nuestra tradición cristiana e ilustrada». En su lugar, Cifuentes proponía «humanismo occidental o europeo». Su intentona no fructificó, pero sólo formalmente. Si bien los estatutos no cambiaron, el PP sí lo hizo por la vía de los hechos, metáfora que explica su infinito viaje al centro.
En su primera legislatura, Rajoy también dejó en el tintero la bajada de impuestos (Montoro los subió incluso más de lo que proponía IU), la reforma de la ley del poder judicial y la batalla contra ETA y todo su entramado político. No en vano, el PP había salido a la calle junto a las víctimas del terrorismo para denunciar la negociación de Zapatero con la banda. Aquello se olvidó y Bolinaga, secuestrador de Ortega Lara, fue excarcelado como antes De Juana Chaos.
Lo mismo ocurre con la ley de memoria histórica, de la que Rajoy dijo estar «profundamente en contra» meses antes de las elecciones de 2011 y hoy sigue en vigor –y ha sido empeorada por el Gobierno de Sánchez–, incluso en comunidades donde gobierna el PP como Andalucía o Castilla y León hay normas similares. Pero no hay motivo para la zozobra: Feijoo ha prometido que la derogará –con estos antecedentes quién puede dudar de su palabra– junto a la ley trans, el aborto, la eutanasia, la ley Celaá y la del «sólo sí es sí».
