El Gobierno considera que lo más destacado de las declaraciones del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bruselas es que asume, reconoce y respeta las elecciones convocadas en Cataluña para el 21 de diciembre de acuerdo con la legalidad vigente, la Constitución y el Estatuto.
Así lo ha expuesto el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Barcelona para informar de las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de la Moncloa para aprobar diversas cuestiones de trámite de esos comicios.
El delegado del Gobierno ha recalcado que lo más relevante de las palabras del expresidente es ese reconocimiento y respeto a los comicios del 21D, aunque ha precisado también que es obvio que tenga que respetar esas elecciones.
Tras invitar a participar en ellas, ha considerado que Puigdemont ha protagonizado un «serial» de declaraciones insólitas e inéditas.
Para Millo, todas las ideas son legítimas siempre que se adecúen a la legalidad vigente de la misma forma que los resultados de las elecciones siempre deben ser respetados.
Esa legalidad ha resaltado que es la regla básica de la convivencia y la que se defiende desde el Gobierno.
Y espera que el 21D todos los catalanes puedan emitir su voto de forma legal, democrática, libre y transparente, y así decidir el futuro que quieren para Cataluña.
Tras la elección del nuevo Parlamento es cuando ha recalcado que se determinarán los consensos que pueda haber en función de su composición.
Respecto a la citación de Puigdemont ante la Audiencia Nacional, ha considerado que es una norma básica que todos los ciudadanos respeten las decisiones judiciales
Por ello, ha señalado que sólo se puede confiar en que nadie se vaya a situar por encima de la ley y en que el expresidente de la Generalitat, como cualquier otro ciudadano, vaya a colaborar con la Justicia cuando se le requiera.
Regula plazos y canales de comunicación del 21D
El Consejo de Ministros ha aprobado las normas parlamentarias de las elecciones del 21 de diciembre, donde se detallan los plazos y cómo se usarán los canales de comunicación informáticos con los que cuenta la Generalitat.
El real decreto aprobado este martes concreta también las gratificaciones e indemnizaciones que recibirán las personas que participan en el proceso electoral: juntas electorales, ayuntamientos y personal colaborador, representantes de la Administración, miembros de las mesas electorales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos.
En este real decreto, que se publicará tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña, se regula además la forma en que los ayuntamientos se comunicarán con las juntas electorales y la utilización de canales de comunicación informáticos propios de la Generalitat, según se indica en la referencia del Consejo de Ministros.
También se aprueban los modelos de material electoral, que serán los mismos que se utilizaron en el año 2015, adecuándolos a la fecha electoral prevista.
Como en anteriores comicios, es la ley de Régimen Electoral General la que regula las elecciones autonómicas de Cataluña, indican las referencias de la web de La Moncloa.
Suprime tres organismos del Gobierno catalán
El Gobierno ha acordado suprimir tres organismos de la Generalitat que habían asesorado a Carles Puigdemont en el proceso separatista y ha anunciado el cese de los delegados territoriales del Ejecutivo catalán, así como del director del Instituto de Estudios del Autogobierno, Carles Viver Pi-Sunyer.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se dispone, en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, medidas relacionadas con la «organización de la Generalitat de Cataluña» y el «cese de distintos altos cargos» de la Administración catalana.
En primer lugar, se ha acordado la «supresión» de la Secretaría para el desarrollo del autogobierno, la Oficina para la mejora de las instituciones de autogobierno y la Comisión Interdepartamental para el desarrollo del autogobierno.
Además, se ha acordado el cese del secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Lluís Juncà, nombrado la semana pasada por el Gobierno regional, y de los delegados territoriales de la Generalitat en Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Tierras del Ebro, Cataluña Central y Alto Pirineo y Arán.
También ha sido destituido el director del Instituto de Estudios del Autogobierno, Carles Viver Pi-Sunyer, que fue magistrado del Tribunal Constitucional y presidió, ya en época de Gobierno de Artur Mas, el Consejo Nacional para la Transición Nacional.
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