La Moncloa ha sacado a licitación un contrato para servicios de imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un valor estimado de 83.832 euros y una duración inicial de doce meses prorrogable por otro año adicional. El expediente fue publicado el 17 de marzo en la Plataforma de Contratación del Sector Público y formaliza por primera vez este tipo de prestaciones dentro de un contrato estructurado y con previsión de continuidad.

El servicio está destinado a la preparación del presidente en comparecencias públicas y actos oficiales, detalla The Objective. Supone un cambio respecto al modelo anterior, basado en encargos puntuales y contratos fragmentados, que dificultaban el seguimiento global del gasto. Con este nuevo formato, Presidencia integra en un único expediente un servicio que ya se venía prestando de forma recurrente.

El presupuesto base del contrato se sitúa en 38.105 euros, mientras que el valor estimado total asciende a 83.832 euros al incluir la posible prórroga. Esta diferencia refleja el alcance real del gasto a medio plazo y confirma que no se trata de una prestación puntual, sino de un servicio con vocación de continuidad dentro de la estructura de Moncloa.

No es la primera vez que el Ejecutivo recurre a este tipo de contratos. En 2021 se formalizó uno por 19.500 euros anuales para cubrir ruedas de prensa y actos oficiales del presidente y otros miembros del Gobierno. En 2022, el importe superó los 30.000 euros anuales, con posibilidad de ampliación hasta más de 60.000 euros. Desde entonces, se han seguido tramitando expedientes de menor duración, algunos de apenas seis meses. El nuevo contrato no introduce el servicio, sino que lo consolida y amplía.

El procedimiento elegido es el abierto simplificado, habitual en contratos de este importe. Aunque permite la concurrencia de empresas, los plazos reducidos tienden a limitar la participación a operadores especializados en este tipo de servicios.

El diseño del expediente incorpora además un elemento político relevante: su posible vigencia hasta marzo de 2028, en caso de ejecutarse la prórroga. Esto sitúa el contrato más allá del calendario inmediato y lo vincula de facto al próximo ciclo electoral.

La licitación se produce en un contexto de prórroga presupuestaria y sin apoyos suficientes para aprobar nuevas cuentas públicas. En este escenario, el Ejecutivo mantiene su capacidad operativa a través de la contratación administrativa, que se convierte en una herramienta clave para consolidar gasto y garantizar la continuidad de determinados servicios.

El expediente refleja así una tendencia creciente en la Administración: la institucionalización de prestaciones vinculadas a la proyección pública del presidente. Servicios que antes se gestionaban de forma más flexible pasan ahora a integrarse en contratos estables, con planificación temporal definida y compromiso de gasto a medio plazo.