Algunos dirigentes políticos se muestran abiertamente como «aliados» del delirio separatista y otros tratan de torpedear la labor judicial con declaraciones «irresponsables».
La Gaceta recuerda este lunes a los hombres que se han valido de la ley como único arma para desmantelar el ‘procés’. También a aquellos dirigentes -o instituciones- que se han mostrado -y muestran- abiertamente como «aliados» del delirio separatista o tratan de torpedear la labor judicial con declaraciones «irresponsables».
La larga lista comienza en Mariano Rajoy, el mismo que dejó fugarse a Puigdemont y que calificó de «modélico» el comportamiento del Gobierno de Alemania que preside Angela Merkel después de que un tribunal de ese país dejara en libertad al golpista, y termina con el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, que ha negado el delito de malversación en la preparación del referéndum ilegal de 1 de octubre.
Sus palabras fueron recibidas con irritación por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que aseguró que «no hay justificación» por cargar de razones a los abogados del expresidente golpista Carles Puigdemont y perjudicar la euroorden de extradicción.
Tras la imprudencia, el juez del caso, Pablo Llarena, le pidió por escrito al ministro que explique «a la mayor brevedad posible» por qué consideró que no se utilizó dinero público para el referéndum, una declaración que contradice las fuentes de prueba del sumario.
La declaración fue recogida con satisfacción en las filas separatistas y con indignación en VOX, que ejerce como acusación particular en la investigación. La formación liderada por Santiago Abascal cree que el delito de malversación, que según un informe que obra en manos del juez se acerca a los dos millones de euros, es comparable con la gravedad de las manifestaciones del ministro. Por eso pidió que testifique y dimita por dejar a España en «una posición complicada en el ámbito internacional» y dar un balón de oxígeno a los procesados.
Desde el PP siguen justificando al ministro. «El adversario son los independentistas, como el enemigo fue ETA», dijo este domingo Rafael Hernando, antes de asegurar que fue el primero que denunció a los independentistas por malversación y advertir que «no habrá ni inmunidad, ni impunidad ni indultos». Pese a esto, apuntan que aunque «formalmente» no consta que el Govern destinara dinero público al 1-O, hay muchas formas de malversar, como «falsificaciones o gastos camuflados».
Zoido y Millo
Otro de los «aliados» es el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que por falta de valentía sigue confiando en separatistas como altos cargos y ha encargado a Juli Gendrau y Jordi Jardí, directores generales autonómicos de Prevención de Incendios y de Administración de Seguridad respectivamente, las tareas de la Dirección del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
Lo ha hecho tras la destitución -en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución- de Annabel Marcos por haber trasladado ocultas en su coche urnas para los centros de votación durante la consulta.
Además Montoro y Zoido, otro de los «aliados» es el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, el mismo que se disculpó por la legítima actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional en cumplimiento de una resolución judicial el pasado 1-O -«solo puedo pedir disculpas en nombre de los agentes que intervinieron», aseveró-.
Todavía hoy continua apelando al «diálogo» para «desbloquear políticamente la situación» y repitiendo por activa y por pasiva que «el 155 garantiza la normalidad» en Cataluña, aunque lazos amarillos, símbolo para mostrar la solidaridad con los golpistas, cuelguen de edificios públicos, TV3 siga siendo un instrumento de agitación del golpe y en los colegios continúe el adoctrinamiento contra España.
El PSC, otro aliado
El PSC sigue con su eterna equidistancia, un «papel» que los electores castigaron el pasado 21 de diciembre en los comicios autonómicos. A favor de una «España plurinacional», considera «desproporcionada» la cárcel preventiva de los dirigentes separatistas como Oriol Junqueras y defiende el acercamiento a cárceles catalanas, pese a recordar que dicha decisión no depende de los partidos e incluso ha planteado el indulto, una propuesta de Miquel Iceta que no gustó en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid.
Podemos y sindicatos, cómplices
Desde Podemos tratan de camuflarse con el paisaje separatista tildando de «presos políticos» y «opositores» a los golpistas, se muestran más vehementes al señalar solamente al Gobierno del Ejecutivo como el principal culpable y abogan por el mal llamado «derecho a decidir». Ada Colau, por ejemplo, ha cedido espacios públicos para actos secesionistas mostrando ser cooperadora necesaria en Barcelona.
Los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) no se quedan atrás y hace dos semanas, los líderes de ambos en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, los mismos que no se movilizaron cuando el delirio secesionista estalló, se aprobó la ley de desconexión, se convocó el referéndum ilegal y miles de empresas se marcharon de Cataluña perjudicando a sus trabajadores, acudieron a la manifestación convocada por la plataforma «Espai Democràcia i Convivència» para reclamar la libertad de los presos golpistas encarcelados y la búsqueda «espacios para el diálogo y la negociación política» y la impunidad para los que saltándose la ley -la Constitución y el Estatuto de Autonomía- intentaron romper España.
Los Mossos
La labor de los Mossos no se encuadra solo en la desidia y «colaboración» con el golpe del 1 de octubre, sino también a la guardia del expresidente Puigdemont durante su fuga por Europa -una quincena de agentes, dirigidos por el sargento Lluís Escolà, que oficialmente se encontraba de baja médica, le ayudaron- y a su «vista gorda» con los piquetes en huelgas y con los Comités en Defensa de la República (CDR).
La Guardia Civil ya expuso que entre el 20 de septiembre y el 1-O no sólo observó «una inacción flagrante» por parte de la Policía Autonómica, sino que actuó en favor «del plan estratégico hacia la independencia». Añadió que la inhibición de los Mossos obligó a «las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» a «actuar activamente para evitar la celebración» del referéndum ilegal.
