El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro está en el centro de una investigación judicial que revela el uso político y personal de datos confidenciales de la Agencia Tributaria (AEAT). Según una causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Montoro recibió más de un centenar de correos electrónicos con información reservada directamente en su cuenta institucional cuando ocupaba el cargo, entre ellos datos fiscales y procedimientos sancionadores de contribuyentes de interés para él.
El origen del escándalo se remonta a un correo incautado por los Mossos en el marco de otra investigación, en el que se hablaba de contratar a Equipo Económico (EE) como “la vía directa para acceder a Montoro” con el objetivo de influir en reformas legislativas. Desde entonces, se ha levantado el secreto de sumario y Montoro, junto a otras 27 personas, se encuentra bajo investigación.
La documentación intervenida, en poder de la Fiscalía Anticorrupción, revela que fue el propio director de la AEAT, Santiago Menéndez, quien envió información confidencial sobre contribuyentes relevantes a Montoro o a su jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico. Este último es hermano del presidente ejecutivo de EE, el despacho que está también imputado en la misma causa.
Los correos llegaron al buzón identificado como “aromero”, vinculado a Montoro (cuyo nombre completo es Cristóbal Montoro Romero). La unidad de apoyo de la Agencia Tributaria documentó más de 100 nuevos mensajes con información fiscal reservada que se suman a los ya conocidos, relacionados con figuras públicas como Rodrigo Rato, la baronesa Thyssen, Rafa Nadal, Esperanza Aguirre, Josep Piqué o informes del caso Pujol y la caja B del PP.
Según el informe remitido a la Fiscalía, estos correos podrían evidenciar “nuevas actividades de la organización investigada”, revelando cómo funcionaban las cadenas de decisiones y el papel de cada implicado, todo ello bajo un mismo “modus operandi”.
Uno de los puntos más graves de la investigación es el uso político de la información fiscal. La fiscalía ha constatado que Montoro pidió y obtuvo datos confidenciales de adversarios políticos, figuras mediáticas e incluso periodistas. Varios de ellos han relatado cómo fueron presionados por el exministro para silenciar informaciones, bajo amenaza de ser enviados a inspección por Hacienda. Entre 2016 y 2017 se abrió un listado de inspecciones a medio centenar de profesionales de prensa, radio y televisión.
Este listado fue remitido por la delegada de la AEAT en Madrid, Raquel Catalá —hermana del exministro Rafael Catalá—, al director del organismo tributario. Bajo el título “informe periodistas”, fue enviado sólo tres días después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Dos meses más tarde, ambos intercambiaron los “expedientes relevantes” de esos comunicadores, algunos enviados a delito y otros cerrados recientemente.
La defensa de Equipo Económico ha reaccionado solicitando la nulidad de la causa por considerar irregular la incautación de los e-mails que la originaron. Alegan que fueron obtenidos en una causa distinta, lo que supondría una vulneración de garantías y contaminaría toda la investigación.
Mientras la justicia sopesa ahora si los perjudicados —incluidos políticos y periodistas— podrán acceder a los correos que les afectan para emprender acciones legales, la sombra del uso partidista de Hacienda vuelve a salpicar al PP de los años de Mariano Rajoy. Todo apunta a que, bajo el mando de Cristóbal Montoro, el fisco no solo recaudaba: también apuntaba.
