Nuevo ataque del Gobierno socialista a la libertad individual y a la libertad de empresa. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno derogará la ley 15/97 que permite la colaboración público-privada en la sanidad pública y se prevé aprobar una nueva norma a principios de 2026 que ponga «coto» al ánimo de lucro y que blinde y proteja frente a «fondos de inversión, al ánimo de lucro y la depredación» del sistema sanitario español.
«Es una ley mucho más amplia de integridad del Sistema Nacional de Salud. No prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro», ha comentado la ministra este domingo en una entrevista en el diario El País.
García admite que esta nueva norma «claramente» no permitirá el modelo de Alcira, de Torrejón o de la Fundación Jiménez Díaz que, en su opinión, selecciona a pacientes menos costosos para lograr más rentabilidad y confía en que se apruebe próximamente. «Estamos ya ultimando y la vamos a llevar al Consejo de Ministros a principios del año que viene», ha indicado.
La ministra lamenta que se haya «pervertido» la colaboración público-privada en una «parásita». «Vamos a abrir todos los frentes posibles. Vamos a ir a tanto como ministerio y como grupo político Más Madrid en la Comunidad de Madrid a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes, porque creemos que aquí hay un claro perjuicio en la salud de los pacientes», asegura.
García también ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a investigar lo ocurrido en el Hospital de Torrejón, porque no se cree que sea una pelea de empresarios. «No, mire, señora, no somos tontos. Esto es una investigación profunda que tendría que hacerla si no fuera parte interesada», ha asegurado.
