«Nuestra exigencia es clara y no estamos dispuestos a que se pongan encima de la mesa otras cuestiones que puedan suponer recortes en nuestros ya de por sí mermados derechos», advierten los agentes.
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha convocado para este miércoles 24 de enero a los representantes de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil para volver a abordar la reivindicación común de guardias civiles y policías nacionales para conseguir la equiparación salarial con las policías autonómicas.
Se trata de un nuevo encuentro con miembros de Interior tras la reunión mantenida la pasada semana con Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Guardia Civil, el cual planteó una propuesta en la que -han denunciado los agentes- «no fijaba cantidades mínimas ni suponía un compromiso real, insinuando además la posibilidad de recortar otros derechos a los guardias civiles a cambio de contraprestaciones económicas».
Las organizaciones sindicales insisten en su reclamación: «Que se apruebe en los Presupuestos del Estado una partida de 1.500 millones de euros repartidos en los próximos tres años, a razón de 500 millones en cada ejercicio, desde este mismo año, destinados exclusivamente a la equiparación salarial».
«Por tanto nuestra exigencia es clara y no estamos dispuestos a que se pongan encima de la mesa otras cuestiones que puedan suponer recortes en nuestros ya de por sí mermados derechos», advierten, al tiempo que recuerdan que «esto supone que ni un euro de esta cantidad debería destinarse a otras partidas en la Guardia Civil».
Relatan que los guardias civiles «no sólo son los policías peor pagados de España, sino que además carecen de muchos otros derechos de los que sí gozan los compañeros de los otros cuerpos, como el derecho de sindicación o la existencia de turnos de trabajo que les permiten la conciliación laboral y familiar».
«Tampoco hay que olvidar que la remilitarización del Cuerpo implica que los efectivos de la Guardia Civil estén sujetos a la aplicación arbitraria del Código Penal Militar, aun en funciones meramente policiales y situaciones laborales cotidianas, pudiendo enfrentarse cualquier agente con un historial intachable a una pena de prisión de varios meses por simplemente mantener una discusión con un superior», denuncian.
Los agentes consideran que «son ya suficientes desventajas como para que además se plantee ahora desde el Gobierno recortar aún más prestaciones a cambio de una equiparación que no sólo es justa y necesaria, sino que cuenta además con un amplio respaldo entre la ciudadanía».
Asimismo piden al Gobierno que no haya más «recovecos y aplazamientos» y que la reunión de este miércoles «sirva para concretar de una vez los buenos propósitos que reitera el Ejecutivo».
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