La juez Susana Trujillano, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, ha impulsado una investigación tras detectar indicios de manipulación en la declaración judicial de un menor de 12 años, cuya copia original fue obtenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ministerio de Justicia. La causa se centra en la posible falsificación de documentos públicos y modificaciones en resoluciones judiciales relacionadas con un proceso de custodia que tuvo lugar en marzo de 2022 en Valladolid.
El padre del menor ha solicitado la entrada y registro en tres sedes del Ministerio de Justicia, donde se encuentran los servidores que custodian las grabaciones de juicios y resoluciones con competencia estatal. En la investigación figura como principal investigado Aitor Cubo, director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia y subordinado directo de Sofía Puente, número tres del departamento y persona de máxima confianza del ministro Félix Bolaños.
La acusación ha solicitado que la UCO realice una copia íntegra de la grabación y las resoluciones almacenadas, así como una copia exacta de los registros técnicos y códigos hash que permitan verificar la autenticidad de los archivos. Además, se ha reclamado obtener planos y documentos que describan la arquitectura de los sistemas digitales en la Dirección General de Transformación Digital, para identificar a los responsables de la gestión y administración de los servidores donde se alojan estas pruebas.
Cabe destacar que la magistrada ha intentado cerrar rápidamente la investigación, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado ampliar el alcance de las pesquisas, exigiendo profundizar en cómo se pudo manipular no sólo el audio, sino también otras resoluciones y firmas digitales en los servidores ministeriales.
